Por Daniel Lee Vargas
Por más que lo niegue, el gobierno de Donald Trump ha desatado una ofensiva migratoria que no distingue entre estatus legal, necesidad económica ni historia laboral. Bajo el discurso de “ir sólo contra los indocumentados”, Washington ha desatado una purga que golpea con igual saña a trabajadores con visas, permisos temporales, refugiados y migrantes esenciales que sostuvieron el país en los peores momentos de la pandemia.
Granjas paralizadas, construcciones detenidas, hoteles semivacíos y plantas de alimentos colapsadas revelan una realidad que pocos quieren admitir: la fuerza de trabajo migrante es el motor oculto de la economía estadounidense. Y Trump, en su cruzada nacionalista, ha comenzado a desmantelarlo.
Las cifras lo confirman: uno de cada siete trabajadores en agricultura y construcción es indocumentado, y hasta el 15% del personal en sectores como la hotelería depende de migrantes sin estatus legal. Pero la respuesta del gobierno ha sido represiva: redadas masivas, amenazas federales y llamadas intimidatorias de ICE han sembrado el pánico, provocando renuncias, despidos masivos y una crisis de productividad en todo el país.
El efecto dominó ya está en marcha. En Elgin, Illinois, 300 trabajadores fueron despedidos tras una simple llamada. Nestlé despidió a más de 600 empleados sin compensación, muchos con décadas de experiencia. Disney, Walmart y Amazon han seguido el mismo camino. Y mientras las fábricas cierran turnos por falta de personal, los alimentos suben de precio, las obras se retrasan y los empresarios claman por una reforma migratoria significativa.
“No hay forma de operar una empresa cuando pierdes a la mitad de tu personal en cuestión de horas”, se lamentan los constructores. El impacto económico ya es tangible: según el Banco de la Reserva Federal de Dallas, las restricciones migratorias de Trump podrían costarle a Estados Unidos casi un punto del PIB en 2025. Stuart Anderson, del National Foundation for American Policy, lo resume sin rodeos: “Sin fuerza laboral migrante, no hay crecimiento económico”.
Esta crisis no es nueva. En los años 40, una escasez similar obligó a Estados Unidos a crear el Programa Bracero, permitiendo la entrada legal de trabajadores mexicanos. Hoy, en lugar de soluciones, se elige el miedo. Se castiga a quienes alimentan, construyen y cuidan al país. Se criminaliza la necesidad, se castiga la contribución.
El verdadero rostro de esta política no es la seguridad nacional, sino la destrucción silenciosa de un sistema productivo sostenido por manos migrantes. Y mientras se alienta la inflación y se desacelera la economía, lo que queda claro es que la obsesión por deportar está vaciando no sólo las fábricas, sino también el futuro económico de Estados Unidos.
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