Por Daniel Lee
Frente al endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump, organizaciones de trabajadores mexicanos en Estados Unidos han decidido responder con lo único que puede hacer tambalear a un país que presume su poder, pero ignora su dependencia: una huelga agrícola nacional.
La voz que ha encendido esta llama es la de Juvencio Rocha Peralta, director de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, quien lo dijo sin ambigüedades: este no es solo un ataque inhumano, es un suicidio económico para Estados Unidos. La fuerza de trabajo mexicana ha sido, durante décadas, la columna vertebral de los campos estadounidenses. Hoy, esa columna amenaza con detenerse. No por revancha, sino por dignidad.
En los valles de California, en las huertas de Carolina del Norte, en los invernaderos de Florida y las empacadoras de Iowa, el trabajador migrante sostiene cada fruta, cada verdura y cada filete que llega a las mesas estadounidenses. No son cifras: son manos mexicanas las que riegan, cosechan, limpian, transportan y empacan el alimento. Y hoy, esas manos están diciendo basta.
La huelga no es un grito desesperado. Es un acto de verdad. Una advertencia clara: sin migrantes, no hay comida. Y sin justicia, no hay paz laboral.
Mientras tanto, Trump ha conseguido lo que parecía impensable: una inyección presupuestaria de 170 mil millones de dólares para construir una maquinaria estatal de represión migratoria que incluye 10 mil nuevos agentes de ICE, el despliegue masivo en ciudades, redadas en lugares de trabajo, y campos de concentración improvisados, como el de los Everglades, donde se encierra a personas -incluidos ciudadanos estadounidenses- en condiciones inhumanas.
El nuevo presupuesto convierte a ICE en la agencia de seguridad interna mejor financiada de todo el gobierno federal, por encima incluso del FBI. Pero más que proteger, su función será infundir miedo. Miedo a salir a trabajar. A recoger a los hijos en la escuela. A ir al hospital. Miedo a existir.
Y en ese contexto, se planea duplicar la capacidad de detención migrante hasta alcanzar 100 mil camas, la mayoría en instalaciones privadas. Los beneficiarios no serán los migrantes, sino las empresas carcelarias que hacen de la miseria un modelo de negocio. Así se transforma el dolor en ganancia.
Pero no es solo la represión. Es el castigo económico deliberado. Trump ha impuesto un impuesto del 1% a las remesas -el dinero que los migrantes envían a sus familias- y ha convertido el proceso de solicitud de asilo en un lujo: cobros adicionales de cientos de dólares a personas que huyen de la violencia. Y como si eso no bastara, se les niega el acceso a Medicare, a cupones de alimentos y a programas básicos de asistencia social. Ni siquiera los migrantes legales están a salvo.
Este no es un programa de política pública. Es una guerra declarada contra los trabajadores migrantes. Una guerra con tintes racistas, autoritarios y profundamente anti-humanitarios.
Y mientras Estados Unidos lanza esta ofensiva, México guarda silencio. Un silencio vergonzoso que deja en el abandono a millones de connacionales. ¿Dónde está la red consular? ¿Dónde está el plan de retorno integral que tanto se prometió? ¿Dónde están las estancias públicas para recibir a los deportados y evitar que su regreso sea otro exilio, esta vez en su propio país?
El gobierno mexicano tiene el deber de actuar. De proteger a quienes han sostenido la economía con sus remesas. De evitar que la mano de obra regresada sea condenada al desempleo y al olvido. No basta con declaraciones diplomáticas: se necesita estrategia, infraestructura y compromiso real.
Lo que hoy se juega no es solo el destino de millones de migrantes mexicanos. Es el alma de América del Norte. Porque un sistema que criminaliza la pobreza, que convierte la migración en delito y que encierra seres humanos por su nacionalidad, ya no es una democracia: es una autocracia en gestación.
Y si los campos de Estados Unidos se quedan vacíos, que nadie se atreva a culpar al migrante. Culpen al miedo, al odio y al silencio cómplice.
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