Desde Palacio Nacional, las conferencias matutinas del gobierno federal se han convertido en el escenario principal donde se construye la narrativa oficial. Día tras día, los temas que ahí se abordan suelen marcar la agenda mediática, a veces enfatizando asuntos que desvían la atención de problemas más apremiantes.
La oposición y analistas han señalado repetidamente que el gobierno recurre a “cortinas de humo” – polémicas mediáticas o casos escandalosos – para distraer al público de las crisis reales. En el último año –coincidiendo con la recta final del sexenio anterior y el inicio de la administración actual– esta estrategia parece haberse reafirmado, con varias controversias difundidas desde la mañanera que han servido como posibles distractores frente a los verdaderos problemas nacionales.
Hoy daremos la primera de 4 entregas que describen el manejo mediático de la narrativa pública que se hace desde Palacio Nacional y el contraste con la realidad que dista mucho de la versión oficial.
Entrega 1
Cuando el pasado salva al presente
En Palacio Nacional nunca falta tema. Cada amanecer, el estrado presidencial dicta sobre qué hablaremos el resto del día, incluso si los asuntos expuestos pertenecen más al archivo histórico que a la agenda urgente. Esa capacidad de colocar tópicos en el centro del debate —y de retirar otros de escena— explica por qué muchos analistas describen la conferencia matutina como la fábrica nacional de cortinas de humo: densos velos narrativos que ocultan incendios más cercanos.
El ejemplo más reciente irrumpió el 8 de julio de 2025 cuando la Fiscalía General de la República confirmó, en plena mañanera, la apertura de una carpeta contra Enrique Peña Nieto por un presunto soborno de 25 millones de dólares pagado por empresarios israelíes a cambio de contratos relacionados con el software espía Pegasus. El origen de la denuncia provino del diario israelí The Marker, pero el gobierno federal aprovechó el hallazgo para dictar encabezados: se proyectaron gráficas, se citó la nota extranjera y la presidenta calificó el asunto de “tremendo” y prometió “justicia sin impunidad”.
El relato parecía impecable: un exmandatario priista, espionaje internacional y millones de dólares sirven a la narrativa anticorrupción que acompaña a la 4T desde 2018. Sin embargo, la oposición olió humo antes que verdad. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, tachó la indagatoria de “distractor” para desviar la atención de los escándalos contemporáneos —desde los sobreprecios del Tren Maya hasta el desfalco de SEGALMEX— y la calificó sin rodeos de cortina de humo. Parlamentarios del PAN abundaron en la misma línea exigiendo que la fiscalía muestre la misma agilidad frente a irregularidades ocurridas este sexenio.
La lectura crítica cobra sentido si se revisa el timing. El escándalo Pegasus estalló justo cuando: (1) Washington filtraba su creciente preocupación por la infiltración del narcotráfico en la política mexicana; (2) se publicaban estadísticas que revelan alza en extorsiones y homicidios en varios estados, pese al discurso triunfal de “menos violencia”; y (3) opositores empujaban comparecencias sobre el millonario fraude en SEGALMEX. Nada mejor que un “error del pasado” para salvar la conversación del presente.
En comunicación gubernamental, relatar pecados ajenos cumple tres funciones: reafirma la autoridad moral del mensajero, coloca a la opinión pública en modo retrospectivo —comparar para elogiar al actual gobierno— y, sobre todo, compite por el espacio limitado de atención. Organizaciones civiles llevan años exigiendo castigo a quienes compraron Pegasus para espiar periodistas y activistas; sin embargo, la carpeta contra Peña Nieto surgió solo cuando el oficialismo necesitaba reforzar su discurso anticorrupción y, de paso, silenciar preguntas incómodas sobre la seguridad actual.
El efecto fue inmediato: durante cinco días la conversación digital se inundó de referencias a #Pegasus, caricaturas del expresidente y debates sobre la legalidad de los contratos firmados en 2014. Mientras tanto, las notas sobre la presión estadounidense, los bloqueos en Michoacán o las fugas de reos de alta peligrosidad quedaron relegadas a las páginas interiores de los portales.
Ni la presidenta ni el fiscal aclararon si la investigación derivará en órdenes de aprehensión, si ya se solicitó asistencia jurídica a Israel (que raramente extradita a sus ciudadanos) o cuánto tiempo tardará en judicializarse el expediente. Tampoco mencionaron que la Auditoría Superior de la Federación documentó, desde 2022, sobrecostos y opacidad en la compra de Pegasus sin que nadie en la administración anterior —ni actual— respondiera penalmente. La narrativa oficial fluyó sin esos matices, apoyada en la imagen de un exgobernante corrupto que “ahora sí” enfrentará la ley.
Hay quien argumenta que investigar a Peña Nieto no puede ser malo: si hubo soborno debe castigarse, y cualquier efecto colateral en la agenda mediática es secundario. El problema es la selectividad: mientras la FGR acelera un expediente que beneficia al relato presidencial, múltiples indagatorias por desvíos en el actual sexenio caminan a paso de tortuga o mueren en la discreción procesal. La justicia —como la comunicación política— también envía mensajes; la prioridad que se otorga a un caso versus otro construye percepciones.
Lanzar una bomba mediática con el sello Peña-Pegasus rinde frutos rápidos: reaviva la indignación social contra el viejo régimen, ofrece titulares trepidantes y concede al gobierno la postura de justiciero. Pero si el escándalo termina convirtiéndose en archivo más que en sentencia, habrá sido puro humo. México seguirá enfrentando la misma violencia, la misma impunidad y —peor— la misma manipulación de la conversación pública.
La responsabilidad crítica, entonces, consiste en desmenuzar el relato oficial: preguntarnos por qué un tema resurge justo cuando otros amenazan la credibilidad del gobierno, exigir avances procesales tangibles y, sobre todo, no perder de vista los problemas que están ardiendo hoy. Porque si la Mañanera decide cada mañana de qué se habla, toca a la ciudadanía y a la prensa recordar aquello de lo que no se quiere hablar.
