Por Daniel Lee Vargas
Hoy hablemos de esto, porque la cárcel, el exilio y el abandono, son por mucho la la triple condena de nuestros paisanos en EU. Ello ante una política migratoria estadounidense que ha entrado en una espiral donde la eficiencia burocrática ha sustituido la humanidad, y donde las leyes internacionales son arrojadas al olvido bajo la excusa de la seguridad nacional.
Y es que en una mas. Resulta que un informe de la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, refiere que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) traslada de manera sistemática a migrantes detenidos a centros alejados de sus hogares, familiares y abogados, a pesar de contar con lugares disponibles más cercanos.
El absurdo administrativo raya en lo criminal: más de una cuarta parte de las 62 mil 913 camas de detención contratadas estaban vacías a mediados de abril, mientras decenas de centros operaban con sobrecupo.
Esto no solo revela una negligencia logística. Revela una estrategia deliberada para aislar a los migrantes, obstaculizar su defensa legal y quebrar su resistencia psicológica. Es un castigo disfrazado de procedimiento.
Basta con mirar el caso de Rodolfo Villanueva Aguilar, un migrante salvadoreño detenido en California junto a su hijo mientras trabajaban en un jardín. ICE los trasladó a El Paso, Texas. A más de mil kilómetros de distancia. ¿El objetivo? Dificultar su defensa, separar redes de apoyo y diluir responsabilidades.
Y aquí nuestros connacionales están prácticamente en el centro del olvido. Así es estimado lector. Esta lógica punitiva no es exclusiva de un grupo nacional. Más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, de los cuales alrededor de 5 millones se encuentran en situación irregular, según cifras del Pew Research Center. Ellos también son blanco de estas políticas inhumanas.
Los traslados arbitrarios afectan a miles de connacionales, quienes enfrentan redadas, encarcelamientos prolongados y deportaciones sin garantías mínimas. Las consecuencias son devastadoras: hijos separados, defensas truncadas y procesos judiciales vulnerados.
Aun cuando la ley internacional —ratificada por Estados Unidos— prohíbe deportaciones a países donde exista riesgo de tortura, desaparición forzada o muerte, el gobierno de Washington insiste en su política de “deportaciones terciarias”.
El caso reciente de ocho migrantes —uno de ellos mexicano— deportados a Sudán del Sur, país sumido en violencia y conflicto armado, marca un nuevo nivel de cinismo. Solo uno era originario de ese país. El resto, provenientes de México, Cuba, Birmania, Vietnam y Laos, fueron enviados al abismo por decisión unilateral del gobierno estadounidense.
La excusa es siempre la misma: crímenes cometidos y rechazo de sus países de origen. Pero incluso en esos casos, la respuesta no puede ser entregar personas a territorios en guerra. Las garantías diplomáticas no reemplazan la vida, ni justifican el riesgo de desaparición.
¿Dónde está México? El silencio de las autoridades mexicanas es ensordecedor. Mientras la maquinaria de deportaciones y detenciones masivas opera con frialdad quirúrgica, no hay una estrategia contundente de defensa consular, de litigio estratégico, ni de presión diplomática real. Las notas diplomáticas no bastan. Los reembolsos simbólicos, menos.
¿Dónde están las alertas rojas desde la Cancillería? ¿Dónde los pronunciamientos ante las Naciones Unidas? ¿Dónde la defensa efectiva de millones de compatriotas en riesgo? No es solo migración, es dignidad
Hoy, ICE no solo encierra. Aísla. Castiga. Miente. Deporta al vacío. Y lo hace bajo una estructura legal diseñada para evitar el escrutinio y anular la resistencia.
Y mientras esto ocurre, miles de migrantes —incluidos mexicanos— siguen siendo tratados como desechables en un sistema que convierte la movilidad humana en delito y la defensa de los derechos en una carga.
La historia los absolverá. Pero nosotros no podemos seguir callando.
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