La “austeridad” de hoy puede salir cara mañana: un país que decide caminar sin brújula estadística corre el riesgo de extraviarse en su propio discurso y, lo más grave, de dejar atrás a quienes ya caminaban a la zaga.
El decreto publicado el 20 de junio en el Diario Oficial de la Federación, ordena la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y transfiere “sus funciones sustantivas” al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El argumento oficial es la “racionalización del gasto” y la “simplificación administrativa”. A primera vista suena eficiente: si el INEGI ya levanta encuestas, ¿por qué no dejarle también la medición de pobreza y la evaluación de programas? Pero la operación implica mucho más que mudar escritorios: significa desaparecer el único árbitro técnico, público y autónomo que verificaba si la política social mexicana funciona o fracasa.
De árbitro incómodo a silencio estadístico
Creado en 2005, el CONEVAL nació para resolver un dilema: el mismo Gobierno que reparte transferencias no puede calificarse a sí mismo sin conflicto de interés. Por eso su junta directiva combinaba titulares de dependencias y Secretarías de Estado con académicos de trayectoria probada. Cada dos años publicaba la medición multidimensional de la pobreza; en cada ejercicio entregaba tableros de semáforos (rojo, amarillo, verde) que revelaban qué programas carecían de padrones, duplicaban beneficiarios o gastaban sin resultados.
A partir de ahora, ese semáforo se volverá gris. El INEGI es un organismo estadístico brillante, pero no tiene mandato legal para emitir juicios de valor sobre la eficacia del gasto social. Encuestas como la ENIGH seguirán midiendo ingresos y carencias, sí, pero la interpretación de los datos—si un programa reduce pobreza o solo distribuye recursos—quedará en el vacío institucional.
Tres pérdidas concretas
Contrapeso técnico.
El CONEVAL podía colocar un cuadro rojo sobre un programa presidencial con toda la fuerza de la ley. El INEGI, por diseño, describe realidades; no las califica.
Metodología pública y replicable
Los indicadores de pobreza se calculaban con códigos abiertos que académicos replicaban. Al absorber funciones, el INEGI podrá mantener la transparencia, pero su prioridad es la operación censal, no el debate sobre la efectividad del gasto social.
Voz autónoma en foros internacionales
CONEVAL era miembro activo de la Red de Evaluación de Impacto del Banco Mundial. Sin él, México pierde asidero en la conversación global sobre medición de la pobreza.
¿Reingeniería o cortina de humo?
El Gobierno defiende la decisión como parte de la reestructuración de órganos autónomos. Sin embargo, la coincidencia temporal resulta sospechosa: el último informe del CONEVAL advirtió que la pobreza extrema creció 1.2 millones de personas entre 2022 y 2024 pese al aumento histórico de transferencias del bienestar. El nuevo censo que debía publicarse en agosto habría mostrado, según filtraciones académicas, estancamiento en al menos cinco estados gobernados por el partido oficial.
Surge entonces la duda inevitable: ¿se fusiona un órgano para ahorrar dinero o para silenciar indicadores incómodos?
La factura social de la opacidad
Cuando la medición objetiva desaparece, las políticas públicas se evalúan con aplausos, no con evidencia. Quienes pierden son siempre los mismos: los hogares de menores ingresos, las comunidades marginadas e indígenas sin agua entubada, los jóvenes que abandonan la educación. Sin datos creíbles que los visibilicen, su situación queda a merced de anécdotas presidenciales y de encuestas telefónicas que confunden aprobación con bienestar.
El populismo no necesita evaluar; le basta con narrar.
Si el Estado deja de mirarse en el espejo de los indicadores, la pobreza vuelve a ser un rumor manejable. Y cuando la carencia se vuelve rumor, el presupuesto se convierte en dádiva discrecional: se reparte según la conveniencia electoral de cada coyuntura.
Un país a oscuras
El Estado de derecho descansa en la transparencia de sus datos. Al apagar el semáforo del CONEVAL, México no solo renuncia a medir con rigor; renuncia a reconocer a los más vulnerables. Sin evidencia, cualquier promesa luce cumplida y cualquier fracaso se oculta.
