Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
En la mayoría de los casos,
son las autoridades locales ante
las que se formulan las denuncias,
por lo que la probabilidad de salir
absuelto es muy remota.
A medida que Morena expande su dominio de poder y control político, su intolerancia a la crítica y a las opiniones divergentes aumenta de manera acelerada. Y no es que los de la 4T se hayan caracterizado, en algún momento, durante su corta vida en el poder, por su apertura a juicios críticos o negativos, porque nunca han estado dispuestos a reconocer faltas o errores cometidos, pero ahora, con todos los hilos del poder en la mano, léase, los poderes legislativo y ya, prácticamente, el Judicial, sumados a su causa, los mensajes de recientes casos de censura, nos indican que la lucha por el respeto a la libertad de expresión se torna cada vez más difícil.
Hace solo unas semanas, de Palacio Nacional se envió, a la Cámara de Senadores, la iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se otorgan super facultades a la Agencia de Transformación Digital, para supervisar, además de contenidos en radio y televisión, lo que se publica en redes sociales, con autorización de bloquear plataformas digitales, cuando le “sea solicitado por las autoridades competentes”, dice la iniciativa de reforma. Un verdadero golpe a la libertad de expresión.
El proceso legislativo para la aprobación de esta iniciativa se detuvo ante el cúmulo de críticas surgidas en contra de esta reforma, lo que obligó a realizar foros de consulta para el análisis del proyecto de ley, con especialistas y académicos. En poco tiempo sabremos que tanto se escuchó y se valoraron las opiniones de los expertos y hasta dónde el gobierno estuvo dispuesto a moderar su ánimo de censura. Al parecer, en este período extraordinario del Congreso, se deberá aprobar la iniciativa de esta reforma de ley. Esperemos que incluya las modificaciones sugeridas en estos foros.
Pero otros ejemplos, ocurridos en algunas entidades de la República, prenden las luces de alarma, ante la multiplicidad de denuncias por violencia política de género que las autoridades judiciales han resuelto de manera favorable a las quejosas, convirtiéndola en el arma más efectiva para acallar voces incómodas.
En Sonora, una ama de casa, Karla Estrada, fue condenada “por ejercer violencia de género” al criticar en su red en X, un presunto caso de nepotismo entre el presidente de la Cámara Federal de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la diputada Karina Barrera. Ante la denuncia presentada por la diputada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sancionó a la ciudadana, a pesar de no pertenecer al mundo de la política, con una multa, a disculparse públicamente durante 30 días consecutivos y a publicar la sentencia en sus redes, entre otras sanciones.
A la actriz, Laisha Wilkins se le hizo fácil bromear, sobre la publicación de una nota bajo el título “Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks,” con un comentario en sus redes: “ja ja Dora, la Censuradora, jaaja.” La consecuencia, una denuncia en su contra ante el TEPJF, formulada por la aludida, Dora Alicia Martínez, que en su campaña se presentaba como Dora, la Transformadora. Con la notificación de la denuncia, el Tribunal requirió a la bromista explicar sobre su publicación, la intención, el objetivo, la motivación. Nada de sentido del humor.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hiper sensible a las críticas, demandó por presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias al diario Tribuna y a su ex director, Jorge Luis González Valdez. Al diario, la jueza de control, le ordenó cerrar. Al ex director, le prohibió ejercer el periodismo durante dos años, además de imponerle una multa de dos millones de pesos, “por daño moral”. La mandataria también interpuso, ante las autoridades electorales del Estado, una denuncia por violencia política en razón de género en contra del ex director de Tribuna, cuya resolución, favorable a la gobernadora, conminó al periodista a dejar de ejercer violencia de género, además de prohibirle referirse o mencionar a la gobernadora, en su ejercicio periodístico. Las autoridades juzgadoras, se entiende, son locales.
Al periodista Héctor de Mauleón y al diario El Universal, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas les dictó medidas cautelares por la publicación de una columna que hacía referencia a posibles vínculos entre políticos y redes de corrupción en esa entidad. Por lo pronto, el Tribunal ordenó la eliminación de la columna.
Y qué decir de la Ley de Ciberseguridad, conocida como ley ciberasedio, aprobada al estilo 4T, al vapor, por el congreso poblano, que sanciona hasta con prisión, expresiones en redes sociales. Ante las críticas generadas, el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta, una vez que ya entró en vigor su ley, decidió que era conveniente realizar foros para analizarla. Después del niño ahogado…
En la mayoría de los casos, son las autoridades locales ante las que se formulan las denuncias, por lo que la probabilidad de salir absuelto es muy remota. Las sanciones impuestas, no son menores. Suficientemente severas para inhibir la crítica: pérdida de la libertad, multas descomunales, prohibición de ejercer la profesión, además de las infamantes que obligan a la disculpa pública.
Así las cosas, con los de la piel sensible.
Junio 26 de 2025
