Por Daniel Lee Vargas
Por fin, tras años de vacíos legales, simulación de derechos y opacidad algorítmica, México se coloca a la vanguardia mundial con una reforma laboral que reconoce, regula y formaliza el trabajo en plataformas digitales. La entrada en vigor, este 22 de junio, del nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo no solo representa una victoria jurídica: es un viraje histórico hacia el reconocimiento pleno de miles de trabajadores invisibilizados por la narrativa de la «economía colaborativa».
No es poca cosa: por primera vez, un marco legal reconoce que detrás de cada entrega exprés, de cada viaje en aplicación, hay seres humanos, no usuarios «independientes», ni «socios» precarizados, sino trabajadores con nombre, rostro y derechos. Y sobre todo, con riesgos reales.
El avance más significativo es el acceso a la seguridad social plena para repartidores y conductores que generen al menos el equivalente a un salario mínimo al mes. Pero aún quienes no alcancen ese umbral tendrán derecho a protección frente a accidentes. Es decir, por primera vez el Estado mexicano reconoce que los algoritmos también matan cuando empujan a trabajar sin descanso, sin seguro, sin garantías.
La reforma también establece el acceso a reparto de utilidades para quienes superen las 288 horas anuales —unas 24 al mes—, e impone a las plataformas la obligación de formalizar contratos laborales inscritos ante el CFCRL. No más acuerdos unilaterales camuflados bajo «términos y condiciones». Ahora, al menos sobre el papel, el trabajo digital será también trabajo digno.
Y sin embargo, aún no es momento de cantar victoria.
Porque esta es una ley pionera, sí, pero no por ello exenta de tensiones, de zonas grises o de posibles simulaciones. Uno de los puntos más sensibles será el cálculo del ingreso neto que definirá el acceso a la seguridad social. Aquí, cada peso declarado o no declarado por las plataformas será crucial. ¿Qué impediría a una empresa manipular algoritmos o modificar criterios de asignación para mantener a los trabajadores por debajo del umbral requerido?
Además, la libertad de «conectarse y desconectarse a discreción» parece una conquista, pero podría ser también un arma de doble filo: un argumento que las plataformas utilicen para seguir negando una relación laboral estable, pese a que el trabajo se realice bajo una lógica de subordinación digital.
Igualmente, la gestión algorítmica—ese fantasma que organiza la vida de miles sin rostro ni responsable—queda ahora parcialmente expuesta. La obligación de transparentar sus criterios, consecuencias e impactos laborales es un paso valiente. Pero ¿quién vigilará que las empresas cumplan con esa transparencia? ¿Qué capacidad real tendrá la STPS para auditar y sancionar a gigantes tecnológicos con intereses millonarios?
La reforma habla de una prueba piloto obligatoria para afiliar a los trabajadores al IMSS. Pero si tras seis meses no se ajusta el marco legal de forma ágil y precisa, todo el esfuerzo podría naufragar en la burocracia, como tantas otras iniciativas bien intencionadas.
La apuesta del gobierno por un «humanismo tecnológico» es sin duda un mensaje político potente. Pero para que no se quede en discurso, será necesario un sistema de vigilancia activa, un sindicalismo digital robusto, y una ciudadanía informada que acompañe esta transición.
Porque en la nueva economía del clic y la entrega inmediata, los derechos laborales no pueden llegar con retraso.
Sígueme en mis redes sociales, https://www.facebook.com/danielee.v
X @DANIELLEE69495
También en
https://algranomx
https://mexicopolitico.com.mx/
https://ancopnoticias.mx/
https://cachoperiodista.com
