Por Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Lo que no hay duda es que,
la elección judicial, es la de
menor participación ciudadana
en la historia de los procesos
electorales del país.
El pasado viernes 6 de junio, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó el informe preliminar sobre las elecciones del Poder Judicial, en el que se incluyen algunas recomendaciones “formuladas para fortalecer todas las etapas del proceso, corregir las deficiencias actuales y garantizar la sostenibilidad de las soluciones adoptadas.” Pero si bien, el documento es cuidadoso en cuanto al planteamiento de sus observaciones, al fin y al cabo, se trata de un organismo diplomático, al estilo de la 4T, que no oye razones y le molesta cualquier opinión divergente, al día siguiente, el Gobierno Federal envió una nota diplomática al secretario general de la OEA, manifestando su “firme rechazo a algunas recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores enviados” al proceso electoral.
El gobierno mexicano acusó a la MOE de haber rebasado sus atribuciones e incurrir en actitudes injerencistas al pretender imponer sus propios criterios. Que estas son acciones contrarias a los principios de la carta de la Organización (Art. 3), indicaba la nota, en donde se dice que “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga.”
A decir verdad, la Misión de observadores de la OEA solo repitió en su informe lo que internamente se ha venido señalando sobre la Reforma Constitucional del Poder Judicial y el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros. Reconoce que la elección se llevó a cabo en un clima de tranquilidad, si bien, señala su preocupación por la baja participación electoral. El 13 por ciento de votantes, indica, constituye uno de los niveles más bajos para un proceso electoral en la región.
Pero este tema lo ha venido acomodando el oficialismo, hasta afirmar que se trató de una elección ejemplar, con una “participación ciudadana histórica” y una afluencia que “cumplió las expectativas”, según palabras de la secretaria de Gobernación. Queda al criterio de cada quién decidir si 10 o 12 millones de votantes de un padrón de 100 millones de posibles electores, debe llenarnos de orgullo o de preocupación. Lo que no hay duda, es que, la elección judicial, es la de menor participación ciudadana en la historia de los procesos electorales del país.
El informe de la Misión menciona, entre otros temas, que “el proceso se realizó en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad.” Que la Sala Superior del TEPJF operó con una conformación prorrogada e incompleta por la falta de nombramiento de dos magistrados, que, en 2024, la Misión ya había observado, señalado la necesidad de cubrir esas vacantes. Durante la jornada electoral, la Misión detectó la presencia de un número elevado de observadores nacionales en las casillas, que, a decir de ellos mismos, estaban trabajando bajo la coordinación de partidos políticos, algo prohibido expresamente por la autoridad electoral.
Sobre el tema de los acordeones, refiere que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales le informó haber recibido denuncias por reparto de acordeones durante la jornada, que estaban investigando. Y respecto de la elección de candidatos a ministros de la Corte, observó que las nueve candidaturas con mayor cantidad de votos, fueron las promovidas en acordeones físicos y virtuales. Que seis de los nueve candidatos fueron postulados por el Poder Ejecutivo y las tres restantes habían sido nombradas por el ex presidente, “lo cual levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo.”
Aunque en la nota diplomática no se especifica cuáles son las inadmisibles recomendaciones injerencistas, lo que más molestó fue el último párrafo de las consideraciones finales y, más que nada, su remate. Aquí el texto:
“La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial… Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.”
Vaya descepción para la 4T, única convencida de las bondades de una reforma judicial atrabancada, producto del encono, procesada sin mayor estudio, análisis o debate, que culmina con el sometimiento del Poder Judicial, la desaparición de la división de poderes, la anulación de la autonomía de la SCJN y la supresión del Estado de Derecho.
Junio 12 de 2025
