No llamen democracia a esta boleta
El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial del 1 de junio fue lapidario: “No recomendamos que ningún país del hemisferio replique este modelo de selección de jueces”.
El documento subraya la abstención histórica —apenas 13 % del padrón—, la distribución masiva de “acordeones” oficiales para orientar el voto y la ventaja indebida otorgada a aspirantes vinculados al partido gobernante. En vez de mostrar fortaleza democrática, la jornada exhibió la fragilidad de un sistema que presume legitimidad, pero no logra persuadir a su propia base para acudir a las urnas.
La respuesta de la titular del Ejecutivo federal llegó en menos de veinticuatro horas: calificó la crítica como “injerencista”, pidió a la OEA que “no se meta en asuntos internos” y defendió el proceso como “una decisión popular que profundiza la transformación del Poder Judicial”. El choque retórico sería comprensible si los datos acompañaran al discurso, pero resulta absurdo y demagógico cuando el propio ejercicio exhibe la participación más baja registrada y un claro sesgo a favor del partido gobernante.
Durante años, la 4T se sintió protegida por una red de votantes cautivos: beneficiarios de programas sociales que, según la narrativa oficial, acudirían religiosamente a refrendar cualquier iniciativa presidencial. Sin embargo, la elección reveló el límite de la lealtad subsidiada: el acordeón llegó a las manos, pero no a las casillas.
Con los datos a la vista, cada juez o magistrada resultó electo por apenas uno de cada ocho ciudadanos, un récord de costo‑beneficio democrático —miles de millones de pesos gastados para obtener la participación más baja desde 1917.
Tres actores salieron derrotados. Primero, el Instituto Nacional Electoral, señalado por la OEA por su logística deficiente y su permisividad ante la intromisión gubernamental. Segundo, los integrantes del Poder Judicial que no obtuvieron el triunfo: deberán convivir con colegas ungidos por la política, mientras cargan con la sospecha de haber sido rechazados por “el pueblo”. Tercero, el propio oficialismo: la abstención masiva contradice el relato de respaldo histórico y expone que la fidelidad comprada es volátil.
El riesgo va más allá del descrédito internacional. Sin contrapeso legislativo y con un Poder Judicial subordinado, la división de poderes se convierte en una formalidad. El reporte de la OEA habla de “falta de independencia estructural” y “captura partidaria” de la justicia. En términos prácticos, la ruta hacia una dictadura populista ya cuenta con toga y martillo.
La 4T convirtió un ejercicio inédito en laboratorio de control político. La abstención masiva, el agudo documento de la OEA y la reacción defensiva del Gobierno demuestran que la legitimidad no se improvisa ni se finge con propaganda.
Una justicia de bolsillo es útil al caudillo, pero inútil al ciudadano.
Quedan muchas páginas por escribir, pero la tinta de las próximas líneas dependerá de si México acepta esta toga (o guayabera) a medida o decide descoserla antes de que sea demasiado tarde.
