Cifras que no ayudan.
El domingo pasado se gastaron cerca de 7 mil millones de pesos para organizar la primera elección nacional de jueces, magistrados y ministros. Con una participación oficial de 13 % (unos 13 millones de votantes), cada sufragio terminó costando 538 pesos; el registro más elevado desde que existen datos comparables.
Para dimensionar: ese monto, que equivale al presupuesto anual de cuatro hospitales de segundo nivel o 70 mil becas universitarias; quedó sepultado en boletas vacías.
En la consulta popular (juicio a los expresidentes) de 2021 el costo por voto fue de 79 pesos; en la revocación de mandato de AMLO del año 2022, 102 pesos. La curva es tan ascendente como la abstención.
El “dividendo democrático” que nunca llegó.
Tres promesas justificaban la inyección de recursos y el bodrio de reforma que nos llevó a la elección de juzgadores: uno; empoderar al pueblo para elegir a sus juzgadores, dos; legitimar con votos la independencia del nuevo poder judicial y tres; ahorrar en designaciones opacas y onerosas.
La realidad entregó lo contrario:
No hubo empoderamiento ciudadano, porque el 87% de los votantes se quedó en casa, el proceso fue percibido como complejo y pre-dirigido desde el poder; no se fortaleció la legitimidad del poder judicial, puesto que las togas quedan ligadas al partido gobernante, no al voto plural y, respecto del tema de la austeridad; basta decir que 538 pesos por cada papeleta vacía, pulveriza el relato del ahorro y la economía.
Costos invisibles: finanzas y Estado de derecho
El agujero fiscal de los 7 mil mdp que se extrajeron -innecesariamente-, de un INE al que ya se le recortaron 50% de sus recursos ordinarios para 2025, significa menos capacidad para organizar elecciones locales, menos actualización del padrón y menos tecnología para blindar procesos futuros.
La erosión institucional y del estado de derecho son innegables al legitimar con un puñado de votos, decisiones cocinadas en la cúpula, además se envía un mensaje devastador: la división de poderes se puede comprar con presupuesto y propaganda.
La paradoja del dinero demagógico
El gasto público debería maximizar beneficio colectivo. Aquí se utilizó para ratificar un esquema de control político sobre la justicia y luego presumir que “el pueblo habló”. Hablaron, en realidad, 7 de cada 100 electores; los demás solo pagaron la cuenta.
Cuentas y cuentos
Un voto de 538 pesos no es inversión democrática; es recibo caro de un espectáculo barato que nadie quiso ver.
Mientras el oficialismo celebra urnas vacías como triunfo popular, la hacienda pública asume la factura y la suprema corte se acerca peligrosamente a ser una secretaría más del ejecutivo federal.
Si no replanteamos el modelo, el próximo gasto millonario puede comprarnos algo peor que apatía: instituciones dóciles, pagadas por todos y útiles solo para unos cuantos.
