Compartir El desaire que la aritmética exhibe El oficialismo presume desde 2018 un respaldo “histórico”. Pero el pasado domingo, en la elección judicial, apenas 12.5-13.3 % del padrón acudió a las urnas, la participación más baja en treinta años. Ni las boletas saturadas de candidatos afines, ni el optimismo y la instrucción salida de palacio nacional lograron movilizar a la base social que, según el discurso, era incondicional. ¿Popularidad real o lealtad subsidiada? El PRI de los años setenta inventó el votante cautivo con despensas; hoy la fórmula se rehace con programas sociales condicionados. Transferencias directas que, en teoría, garantizan asistencia electoral pero la jornada expuso un límite: voto pagado no significa necesariamente voto movilizado. El domingo se evidenció una realidad: el “acordeón” llegó a las manos, pero no a las casillas, resultado: un poder judicial electo por uno de cada ocho electores y legitimado, paradójicamente, por la indiferencia de los supuestos beneficiarios. Dos diagnósticos, ambos inquietantes Exceso de confianza: el gobierno imaginó que la red de programas de bienestar bastaba para llenar urnas, pero se topó con la apatía de quienes dan prioridad a recibir la tarjeta antes que a llenar la boleta. Falla operativa: Los operadores políticos demostraron que, aun sin oposición al frente, tampoco saben movilizar. Organizar una “elección de Estado” requería músculo territorial y lo que apareció fue flacidez burocrática. Sea por arrogancia o incapacidad, el mensaje es idéntico: el clientelismo no camina solo. La alerta que el poder ignora El oficialismo debería encender focos rojos: si con candidatos impuestos por afinidad a la 4T y el aparato gubernamental completo enfocado en la elección no logró movilizar a su base, ¿qué pasará en 2027 cuando sí haya competencia? México necesita electores convencidos, no inducidos; instituciones autónomas, no sometidas; justicia apoyada en la ley, no en la nómina. Mientras tanto, las urnas vacías recuerdan que la fidelidad electoral pagada es el crédito político más caro y también el más frágil: se agota al primer llamado a participar sin recompensa inmediata. El domingo pasado vivimos un toque de queda cívico: la popularidad rentada salió tan cara como inútil. La pregunta es: ¿el poder tomará nota o seguirá creyendo que las transferencias del bienestar bastan para mantenerse en el poder?, porque ahora lo sabemos, ni siquiera alcanzan para llenar de votos una casilla. Navegación de entradas Nanorrelatos Votos de 538 pesos: la lección más cara (y menos legítima) de México
