El desaire que la aritmética exhibe
El oficialismo presume desde 2018 un respaldo “histórico”. Pero el pasado domingo, en la elección judicial, apenas 12.5-13.3 % del padrón acudió a las urnas, la participación más baja en treinta años. Ni las boletas saturadas de candidatos afines, ni el optimismo y la instrucción salida de palacio nacional lograron movilizar a la base social que, según el discurso, era incondicional.
¿Popularidad real o lealtad subsidiada?
El PRI de los años setenta inventó el votante cautivo con despensas; hoy la fórmula se rehace con programas sociales condicionados. Transferencias directas que, en teoría, garantizan asistencia electoral pero la jornada expuso un límite: voto pagado no significa necesariamente voto movilizado.
El domingo se evidenció una realidad: el “acordeón” llegó a las manos, pero no a las casillas, resultado: un poder judicial electo por uno de cada ocho electores y legitimado, paradójicamente, por la indiferencia de los supuestos beneficiarios.
Dos diagnósticos, ambos inquietantes
- Exceso de confianza: el gobierno imaginó que la red de programas de bienestar bastaba para llenar urnas, pero se topó con la apatía de quienes dan prioridad a recibir la tarjeta antes que a llenar la boleta.
- Falla operativa: Los operadores políticos demostraron que, aun sin oposición al frente, tampoco saben movilizar. Organizar una “elección de Estado” requería músculo territorial y lo que apareció fue flacidez burocrática.
Sea por arrogancia o incapacidad, el mensaje es idéntico: el clientelismo no camina solo.
La alerta que el poder ignora
El oficialismo debería encender focos rojos: si con candidatos impuestos por afinidad a la 4T y el aparato gubernamental completo enfocado en la elección no logró movilizar a su base, ¿qué pasará en 2027 cuando sí haya competencia?
México necesita electores convencidos, no inducidos; instituciones autónomas, no sometidas; justicia apoyada en la ley, no en la nómina. Mientras tanto, las urnas vacías recuerdan que la fidelidad electoral pagada es el crédito político más caro y también el más frágil: se agota al primer llamado a participar sin recompensa inmediata.
El domingo pasado vivimos un toque de queda cívico: la popularidad rentada salió tan cara como inútil. La pregunta es: ¿el poder tomará nota o seguirá creyendo que las transferencias del bienestar bastan para mantenerse en el poder?, porque ahora lo sabemos, ni siquiera alcanzan para llenar de votos una casilla.
