Por Daniel Lee Vargas
En las últimas horas los medios informativos destacan que las remesas enviadas por nuestros paisanos registraron su peor caída en trece años. Y podemos afirmar, sin equivocarlos, que esto obedece a la creciente hostilidad hacia las comunidades migrantes.
El intento de imponer un impuesto del 3.5% a los envíos de dinero no sólo es insensible, sino profundamente irresponsable, lo que refleja una realidad ya adversa para millones de familias. Gravar ese flujo vital de recursos en un momento de contracción económica no sólo agravaría la precariedad de quienes dependen de ese dinero, sino que podría generar consecuencias severas para la estabilidad de comunidades enteras a ambos lados de la frontera.
Este intento de castigar la solidaridad migrante es una afrenta a la dignidad de quienes, desde el exilio económico, sostienen con su esfuerzo a los suyos. Las remesas no son lujos ni excedentes: son el producto de jornadas extenuantes, de separación familiar, de vida en la incertidumbre. Son una expresión de amor convertida en sustento. Criminalizar su envío, además de una traición moral, representa una medida regresiva y económicamente suicida.
Pero esta propuesta tributaria no es un hecho aislado: forma parte de una política más amplia de acoso sistemático a la comunidad migrante.
A esto se suman detenciones arbitrarias, operativos con agentes vestidos de civil en cortes, escuelas y espacios públicos, así como la aplicación indiscriminada de deportaciones expeditas, configuran un panorama de persecución institucional.
Lo que ocurre en ciudades como Seattle, Phoenix, Dallas, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles y Nueva York es inaceptable: inmigrantes son interceptados al salir de audiencias legales, en presencia de sus hijos o sin haber cometido delito alguno, únicamente por ejercer su derecho a la defensa.
Sin embargo, frente a esta realidad, la organización y la información se han convertido en formas de resistencia. Más de 25 mil migrantes, liderados por Javier Calzada y la organización Migrant Heroes Come First, se han movilizado en campañas como el “pegatón”, que busca visibilizar los derechos de los migrantes ante el ICE e impulsar el envío masivo de cartas a congresistas estadounidenses. Esta movilización es una respuesta pacífica y estratégica ante una política que no sólo busca deportar, sino disuadir, quebrar, invisibilizar.
Los testimonios son elocuentes: agentes esperando con listas en mano a las afueras de las cortes, arrestos de madres con bebés en brazos, presencia intimidante en zonas escolares. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha documentado múltiples casos, que dan cuenta de una operación sistemática de vigilancia y captura, incompatible con los valores democráticos que EE.UU. presume defender.
Desde una visión internacionalista, este escenario es alarmante. No sólo se violan derechos fundamentales, sino que se fractura la relación bilateral con México y se pone en entredicho el compromiso de Estados Unidos con los instrumentos internacionales en materia de migración y derechos humanos. Ante esto, el gobierno mexicano no puede permanecer pasivo. Defender a sus connacionales no es una concesión diplomática: es un deber constitucional.
Es momento de actuar con claridad y firmeza. Es un llamado al Gobierno de Claudia Sheinbaum a que actúe, pero hacerlo con la seriedad que esto merece. Es una administración tibia e insensible, lo vemos con la flamante Tatiana Clouthier, quien, como titular del el Instituto de Mexicanos en el Exterior, simplemente es irresponsable, una funcionaria de membrete.
En tanto, el impuesto a las remesas no sólo sería una injusticia económica, sino un gesto de desprecio político hacia una comunidad que, pese a los ataques, sigue siendo indispensable. Estados Unidos debe entender que castigar al migrante es castigar su propia economía. Y México, que su silencio cómplice tiene costos que trascienden las fronteras.
Las remesas son vida. Gravar su envío, en un contexto de persecución, es un acto de violencia institucional. Pero ante cada amenaza, la comunidad migrante responde con organización y esperanza. Hoy, más que nunca, la defensa de sus derechos debe ser una causa compartida. O, usted qué opina… Hasta la próxima.
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