Por Daniel Lee Vargas
En la era Trump, las fronteras no sólo se levantan con concreto y acero, sino también con sospechas, algoritmos y prejuicios. La reciente orden del presidente estadounidense de suspender entrevistas y visados a nuevos estudiantes extranjeros, al tiempo que somete a revisión los antecedentes de más de un millón de alumnos internacionales —incluidos más de 15 mil mexicanos—, representa una ofensiva deliberada contra la movilidad académica y el capital humano extranjero.
Es irónico —y profundamente alarmante— que mientras Estados Unidos presume de ser un faro de conocimiento y libertad académica, hoy convierta a sus universidades en espacios de vigilancia y exclusión. El mensaje es claro: no se trata sólo de cerrar las puertas a quienes cruzan ríos y desiertos, sino también a quienes cruzan océanos de esfuerzo para llegar a un aula.
A los jóvenes mexicanos que han apostado su futuro por una educación de calidad en Estados Unidos, ahora se les lanza la sombra de la sospecha. No importa su expediente académico, ni su nivel de inglés, ni sus aspiraciones profesionales. Para el sistema migratorio norteamericano de corte trumpista, la nacionalidad pesa más que el mérito.
Las cifras desmienten los temores. De acuerdo con el Instituto de Políticas Migratorias, entre el año 2000 y 2017, el número de migrantes mexicanos con título universitario en Estados Unidos creció más del 150%. Este dato no sólo habla de una migración que se ha sofisticado, sino de un talento que aporta —y no amenaza— al país que lo recibe.
En ciudades como Houston, Dallas o San Antonio, miles de estos estudiantes y profesionales son ya parte del tejido económico, científico y cultural estadounidense.
Pero no es el talento lo que interesa proteger, sino una narrativa política basada en la exclusión. Las nuevas directrices, que incluyen la revisión de redes sociales y antecedentes de los solicitantes, revelan un giro inquietante hacia una política migratoria de carácter policial. Se criminaliza el sueño, se burocratiza el conocimiento, se examina el pensamiento.
La supuesta «seguridad nacional», invocada como escudo moral de esta política, no puede ser excusa para el retroceso civilizatorio que representa el espionaje digital de estudiantes. El peligro real no está en los pasaportes, sino en las ideologías que fomentan el miedo al otro.
Frente a esta realidad, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum no es suficiente, mientras su ausente directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier, sigue en las mismas, sin hacer nada.
Es momento de que México adopte una política exterior activa y firme en defensa de sus jóvenes en el extranjero. La diplomacia no puede limitarse a expresar desacuerdos, debe traducirse en acción: establecer mecanismos de protección consular más robustos, ampliar becas para el retorno académico, y sobre todo, denunciar en foros internacionales estas prácticas discriminatorias que violan el principio de libre circulación de personas y el derecho a la educación.
Los muros no siempre se ven. A veces son invisibles, pero igual de peligrosos. Hoy, ese muro se construye con burocracia, desconfianza y xenofobia digital. Y lo más grave: se levanta frente a las bibliotecas, los laboratorios y las aulas del conocimiento.
Que no se equivoquen. México no exporta amenazas. Exporta ingenieros, científicos, médicos, humanistas. Y si Estados Unidos decide ignorar esa riqueza, será su pérdida, no la nuestra.
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