Por Daniel Lee Vargas
En el discurso político de Donald Trump, la migración ha sido retratada sistemáticamente como una amenaza. Pero más allá de los slogans, el regreso de una política migratoria punitiva puede realmente representar un verdadero golpe para el mercado laboral de Estados Unidos, en un momento en que la recuperación económica aún depende, en buena parte, de la fuerza de trabajo migrante.
Trump ha dejado claro su objetivo: eliminar permisos de trabajo y protecciones humanitarias otorgadas durante el gobierno de Joe Biden a más de 800 mil personas, muchas de ellas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Aunque la mayoría de estos migrantes están legalmente autorizados a trabajar en el país, su situación pende de un hilo ante esa agenda antiinmigrante y radical.
Desde 2020, el crecimiento del empleo en Estados Unidos ha estado impulsado en gran parte por la inmigración. Sectores como la construcción, la agricultura, la manufactura, el procesamiento de alimentos y el transporte dependen en buena medida de trabajadores con permisos temporales o estatus especiales como el TPS. En estados con pleno empleo, como Nebraska, la situación es particularmente crítica: hay más vacantes que personas desempleadas, y muchas de esas plazas están ocupadas por migrantes con estatus que hoy están en la mira de las políticas de Trump.
En este panorama, resulta imposible ignorar el papel histórico y estructural que han jugado los migrantes mexicanos. Durante décadas, la comunidad mexicana ha sido —y sigue siendo— uno de los pilares más sólidos del mercado laboral estadounidense. De los más de 10 millones de mexicanos que viven en EU, una buena parte realiza labores esenciales en el campo, la construcción, la hostelería, el transporte y el mantenimiento de ciudades enteras. Su trabajo, invisible para muchos, ha sido clave para sostener la cadena de suministro de alimentos, el desarrollo urbano y la infraestructura básica del país.
La mayoría de ellos no cuenta con ciudadanía estadounidense. Muchos viven bajo esquemas legales precarios, con TPS, permisos temporales o procesos de asilo pendientes. Y aún así, su aportación es indiscutible: generan riqueza, pagan impuestos, dinamizan economías locales y, en medio del abandono institucional, han logrado sostener redes comunitarias que funcionan como auténticos amortiguadores sociales.
Empresarios y cámaras industriales ya han comenzado a alzar la voz. El argumento es simple: sin estos trabajadores, muchas empresas no podrían operar. En una gran planta de manufactura de Nebraska, por ejemplo, hasta un 30% del personal depende de permisos temporales. Y en ciudades como Springfield, Ohio, comunidades migrantes han contribuido a reactivar sectores clave de la economía local, al tiempo que se convirtieron en blanco de ataques políticos y desinformación.
Más allá del debate político, las cifras son contundentes. Según el Economic Policy Institute, los migrantes sin documentos —incluidos los que cuentan con permisos temporales— representan casi el 6% de la fuerza laboral en EU. Sin su participación, la economía estaría enfrentando un escenario de estancamiento laboral. La Reserva Federal también lo ha reconocido: el crecimiento reciente se debe, en parte, a los altos niveles de inmigración.
Sin embargo, el enfoque de Trump insiste en priorizar la expulsión por encima de la regulación. Su plan para aumentar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional en más de 65% apunta a una posible expansión de las deportaciones, mientras que las promesas de abrir nuevas vías legales para migrantes laborales carecen, hasta ahora, de claridad o compromiso político real.
El riesgo no es solo humanitario, sino económico. Una política de cancelación masiva de estatus migratorios tendría efectos inmediatos en la productividad, los precios y la estabilidad de industrias esenciales. También enviaría una señal preocupante a empresas que hoy intentan regularizar a sus trabajadores a través de visas como la H-1B, incluso en casos de personas con solicitudes de asilo pendientes.
Y en medio de esta tormenta, los migrantes mexicanos siguen cargando con un peso desproporcionado: son mayoría en sectores de alto desgaste físico, con menos protección laboral y mayor exposición al discurso de odio. Y, sin embargo, no son prioridad en ninguna agenda bilateral ni reciben el respaldo institucional que merecen, ni del gobierno estadounidense ni del mexicano.
En momentos en que otros factores de incertidumbre —como las tensiones comerciales o la inflación— ya afectan la economía estadounidense, el factor migratorio se presenta como un ancla de estabilidad. Suprimirlo, bajo la lógica del miedo, sería un error estratégico de consecuencias duraderas. O, usted como lo ve?… Hasta la próxima.
Si Estados Unidos aspira a un crecimiento sostenido, con mano de obra suficiente y estabilidad social, la solución no está en cerrar las puertas, sino en ordenarlas y abrirlas con inteligencia. Ignorar esta realidad no solo significaría renunciar a una ventaja competitiva, sino apostar por un aislamiento que, históricamente, nunca ha dado buenos resultados.
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