Por Daniel Lee Vargas
México se ha convertido en un territorio de tránsito y contención para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, lejos de ser un país que protege y garantiza derechos, la realidad muestra un panorama desolador: albergues colapsados, violencia extrema, explotación laboral y una crisis humanitaria sin precedentes.
El programa “Quédate en México”, reinstaurado recientemente, ha agravado la situación. En su primera implementación, 78,000 migrantes fueron enviados a México, donde enfrentaron condiciones inhumanas. Ahora, con políticas aún más restrictivas en EU, el número de migrantes varados podría ser mayor, sin que existan garantías de seguridad ni acceso a servicios básicos.
Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, ha denunciado que ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se han convertido en “una gran cárcel migratoria”, donde están atrapados entre 60 y 65 mil migrantes de distintas nacionalidades. Villagrán ha señalado que el Estado mexicano no ha tomado cartas en el asunto para solventar esta crisis, dejando a los migrantes en un limbo jurídico y administrativo.
Por su parte, Francisco Garduño Yáñez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ha sido señalado como uno de los principales responsables de la crisis migratoria. En 2023, cuando los cruces fronterizos aumentaron, EU, presionó a México para imponer medidas más agresivas. Sin embargo, Garduño minimizó la crisis, lo que llevó a un enfrentamiento con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, quien lo acusó de ocultar información y engañar al otrora presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien poco o nada de importó nada de eso.
En tanto que decir de nuestros paisanos en la Unión Americana, simplemente se halan en medio de una crisis silenciosa.
Según el Instituto de Política Migratoria, los mexicanos siguen representando casi la mitad de la población indocumentada en el vecino país del Norte, aunque su número ha disminuido en los últimos 15 años. En 2022, había 5.1 millones de mexicanos sin estancia regular, una reducción del 34% respecto a los 7.7 millones que había antes de la recesión de 2008-2009. Esta disminución no significa una mejora en sus condiciones.
Aunado a esto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) reportó que las muertes de mexicanos al intentar cruzar la frontera aumentaron 467% en cinco años, pasando de 124 fallecimientos en 2019 a 704 en 2023. Las principales causas incluyen exposición al calor o frío extremo, intentos de cruzar el río Bravo y accidentes vehiculares.
El excomisionado del INM, Tonatiuh Guillén López, ha señalado que los migrantes enfrentan condiciones extremadamente vulnerables y que las restricciones más duras solo los obligan a tomar mayores riesgos. Además, la especialista Eunice Rendón ha advertido que los migrantes viajan con niños, quienes corren un peligro aún mayor en zonas silvestres.
México no solo enfrenta una crisis migratoria, sino una crisis de derechos humanos. La falta de políticas efectivas y el abandono institucional han convertido a los migrantes en víctimas de un sistema que los expulsa, los explota y los invisibiliza.
Mientras el gobierno insiste en discursos de cooperación internacional, la realidad en las calles y fronteras del país es otra: migrantes durmiendo en plazas públicas, retenes que impiden su avance y una sociedad civil que, con recursos limitados, intenta suplir la ausencia del Estado.
La migración no es un problema que se resuelve con barreras ni con discursos vacíos. Es una crisis que exige soluciones estructurales, cooperación real y un compromiso genuino con los derechos humanos. México debe decidir si seguirá siendo un muro de contención para las políticas de EE.UU. o si asumirá su responsabilidad histórica en la protección de quienes buscan una vida mejor.
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