Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
De acuerdo a una investigación
del New York Times (2023),
nuestro país se convirtió en el
usuario más prolífico de Pegasus.
Pegasus es un programa espía, desarrollado por la empresa tecnológica israelí NSO Group, concebido para combatir la delincuencia y el terrorismo y cuya venta está restringida a gobiernos y agencias estatales. Al menos, eso es lo que afirman sus fabricantes. Teóricamente, no habría razón para poner en duda los beneficios de esta clase de espionaje, salvo que, en la práctica, el rigor en su aplicación se ha perdido, desbordando los convenientes propósitos de solo luchar contra el crimen organizado y los terroristas, al abarcar otros terrenos que afectan los derechos humanos.
Este sofisticado software es excepcionalmente potente, pudiendo acceder remotamente a los teléfonos afectados para robar información privada. Una vez instalado en el teléfono, activa el micrófono y la cámara del terminal desde un panel de control remoto. El spyware se activa enviando un mensaje o haciendo una llamada al teléfono que interesa investigar, sin importar que la persona conteste la llamada o abra el mensaje recibido, por eso es indetectable. Hace las veces de geolocalizador, y, en su momento, puede autodestruirse.
Precisamente, por el uso de esta herramienta de espionaje con propósitos muy distintos de los señalados por su fabricante, surgieron quejas y denuncias de particulares que fueron espiados por Pegasus, en diversos países, incluyendo el nuestro. El tema se vuelve noticia por la información dada a conocer con motivo del litigio entablado por WhatsApp en contra de NSO Group, en los EUA.
En 2019, WhatsApp demandó a la empresa israelí por haber accedido ilegalmente a los servidores del servicio de mensajería instantánea para instalar el software espía, alegando que NSO Group explotó una vulnerabilidad de la aplicación para infectar 1,400 celulares de usuarios, incluidos periodistas y activistas de derechos humanos, para los que se reclama una reparación por los perjuicios que han experimentado. Entre los afectados, también hay disidentes políticos, diplomáticos y altos funcionarios de gobiernos extranjeros.
En diciembre de 2024, la Juez de Distrito Norte de California, Phyllis Hamilton, dictó una resolución en la que concluía que NSO Group había violado las leyes contra el fraude y acceso ilegal a datos informáticos de EUA y California, así como las condiciones de servicio de WhatsApp, al instalar Pegasus en sus servidores. En marzo pasado, una Corte Federal de Primera Instancia ordenó a la empresa revelar a WhatsApp documentos y código relacionado con Pegasus. Dos golpes judiciales a los creadores de Pegasus que, en el litigio, no les ha ido muy bien, aunque, en ocasiones, se perciba una cierta consideración judicial sobre algunos temas, en donde el rigor del juzgador se ablanda.
El litigio continúa y la empresa se resiste a acatar las órdenes judiciales. Uno de los reclamos de la demanda, es la revelación de los nombres de sus clientes de este software. Un tema delicado que NSO Group evita responder. Ante la responsabilidad que se le atribuye por el uso torcido del espionaje, la empresa ha emitido comunicados en los que expone su posicionamiento: “La empresa no opera los sistemas que provee y, tras un riguroso proceso de selección, son las agencias de inteligencia y policiales que determinan cómo usan la tecnología para apoyar sus misiones de seguridad pública.”
Y, en México, ¿qué ha sucedido con Pegasus? De acuerdo a una investigación del New York Times (2023), nuestro país se convirtió en el usuario más prolífico de Pegasus. Según este reportaje, México fue el primer cliente que lo adquirió (marzo de 2011). El software se ha aplicado en la lucha contra la delincuencia organizada, pero también se ha utilizado, de manera ilegal, tanto en México como en otros países, para espiar a críticos del gobierno, periodistas y personas que defienden derechos humanos. Algo que ninguno de los gobiernos denunciados quiere reconocer.
En México, el uso de Pegasus, inició con el presidente Felipe Calderón y, de ahí en adelante, sus sucesores lo han seguido usando, aunque en lo oscurito. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, adquirieron el software la Fiscalía General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta herramienta les resultó muy útil, aunque el mandatario se comprometiera, públicamente, a detener las prácticas de espionaje que calificó de ilegales. Pero, cuando fue inocultable el espionaje realizado, se justificaría diciendo que se trataba de labores de inteligencia, no de espionaje.
Una investigación de “Ejército Espía” reveló que la Secretaría de la Defensa suscribió un contrato, en abril de 2019, por un “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” con Comercializadora Antsua, empresa con derechos exclusivos para contratar Pegasus, ya con el de Macuspana en pleno ejercicio del poder. La investigación también expuso que el operador de Pegasus era el Centro Militar de Inteligencia. Una unidad de la SEDENA, celosamente encubierta (Artículo 19).
En la más reciente audiencia judicial del caso de WhatsApp vs NSO Group, en marzo pasado, se supo, por declaración del abogado de la empresa israelí que, de un listado presentado por WhatsApp de 1,233 usuarios atacados por Pegasus, en abril y mayo de 2019, México fue la Nación con más víctimas (456), seguido de la India (100) y Bahrain (82). Esto es, cuando en la 4T, se afirmaba que no se hacía espionaje, si no labores de inteligencia. A ver que más información surge a lo largo de este litigio, en relación con las víctimas mexicanas afectadas por esa labor de inteligencia.
Abril 24 de 2025
