Por Carlos Mota Galván
Tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe
Era lógico, se había anunciado, se habían señalado incluso nombres de candidatos que estaban ligados de alguna manera con el crimen organizado, que convendría antes de aventurarse en este viaje sin sentido, poner filtros que impidieran que no solo llegaran a convertirse en jueces o magistrados, sino que no se incluyeran sus nombres en las listas finales, pero toda prudencia cayó en su vorágine revanchista que solo busca sentencias a modo para seguir “gobernando”.
La confirmación del hecho no viene ahora solo de la “oposición”, sino de sus propias filas, de aquellas que importando poco las consecuencias, se ufanaron de que con sus políticas, México pasaría a ser el país más democrático del orbe pues hasta a sus propios juzgadores elegiríamos por voto popular, sí, la aceptación la hizo el presidente del senado, Gerardo Fernández Noroña, quien así, sin más, admitió que se les “colaron” algunos: “hay candidatas y candidatos con antecedentes criminales o vínculos con el crimen organizado en las listas”, (organizaciones civiles afirman que son 13 los candidatos comprometidos hasta el momento), pero ello no debe preocuparnos, dijo, echándole la bolita, al INE y al Tribunal Electoral para que los retiren de las boletas antes de los sufragios.
La desfachatez del personaje concuerda con el actuar al que nos tienen acostumbrados, “quienes primero tiran la piedra y después esconden la mano”, procurando culpar a terceros de las torpezas propias. La verdad es que desde su origen, este proceso que ha sido vendido como un avance democrático, ha despertado serias dudas de su efectividad: académicos, barras de abogados, ministros y ex ministros e incluso organismos internacionales alertaron al respecto. No obstante, ellos, en su afán de procurar nombrar a aquellos que les garantizaran obediencia, solo atinaron a dejar la puerta abierta para beneplácito de quienes buscan impunidad en su actuar. La justicia no debería responder a ningún partido político y mucho menos al crimen organizado, lo que está en juego va más allá de una simple elección.
Conforme se acerca la fecha, primero de junio, más dudas surgen respecto a esta elección, y ello no es gratuito, los propios participantes en la contienda lo refuerzan con sus intervenciones, vamos desde quien piensa que participa en un concurso de belleza hasta quien opina que la IA debería ser el principal asesor para dictar sentencias, por citar solo dos ejemplos de los cientos que se presentan a diario. Las propuestas de las “favoritas” a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, solo muestran un profundo desconocimiento de las leyes que nos rigen.
A llegado a tal grado la decepción en la elección que su propio promotor, Morena, acepta que solo votarán entre 10 y 15 millones de personas, es decir, el 15 por ciento, en el mejor de los casos, del padrón electoral y uno se pregunta: dónde quedaron los 36 millones que afirmaban querían la reforma judicial, cuando ni a la mitad de ellos, parece, han convencido de participar. Cabe destacar que adicional a ello, 6 millones de ciudadanos han rechazado el “honor” de ser funcionarios de casilla en esté proceso, y mientras tanto, el tiempo sigue su curso y la apatía crece en la sociedad.
Este proceso se ha visto cargado de anomalías e intereses políticos, se ha dejado de lado el fortalecimiento de una carrera judicial sólida, jueces y magistrados bien preparados, mejorar la supervisión a sus sentencias, recursos suficientes para operar, promocionar la mediación y la conciliación como una forma de justicia alternativa con personal que no solo tengan la técnica sino la integridad y ética para operar, al igual que con los jueces, un improvisado solo se serviría de las bondades de los mecanismos alternativos, pero ellos, “tienen otros datos”.
