Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 11 de abril 2025.- El gobierno de Donald Trump está dando un nuevo paso hacia la criminalización del disenso y la vigilancia selectiva con un anuncio tan preocupante como autoritario: revisará las redes sociales de migrantes para negar visas, residencias y otros beneficios migratorios si se detecta contenido que considere “antisemita” o relacionado con el “terrorismo”.
Aunque la narrativa oficial lo presenta como una estrategia para “proteger la patria de extremistas”, en la práctica, esta medida sienta un precedente peligroso: el uso de las redes sociales como herramienta de control ideológico y represión política. No se trata de una política antiterrorista, sino de una herramienta para filtrar a migrantes con base en opiniones, afiliaciones, protestas o discursos que incomoden al poder.
Bajo esta lógica, estudiantes extranjeros han sido ya castigados por participar en manifestaciones contra la guerra en Gaza. Se les acusó de antisemitismo y, en consecuencia, se les retiraron sus visas. ¿Desde cuándo expresar oposición a una guerra —un derecho protegido por la libertad de expresión— equivale a simpatizar con el terrorismo?
El mensaje es claro: en la era Trump, el disenso no solo se castiga, se expulsa. Si alguien se atreve a cuestionar los intereses alineados con la narrativa oficial del gobierno estadounidense o expresa solidaridad con causas como la palestina, puede ser tachado de extremista y quedar fuera del “sueño americano”.
Este tipo de políticas no solo criminalizan a comunidades enteras, sino que amplifican el racismo sistémico y la islamofobia, bajo el disfraz de la seguridad nacional. Además, abren la puerta a la censura arbitraria: ¿quién decide qué contenido es “antisemita”? ¿Con qué criterios? ¿Dónde queda la libertad de pensamiento?
Las redes sociales, que durante años han sido una ventana de expresión y organización para migrantes y activistas, ahora se convierten en un terreno minado. El costo de alzar la voz podría ser la deportación o la negación de una visa.
La vigilancia digital con fines migratorios no es solo un abuso de poder; es un intento de moldear ideológicamente a quienes aspiran a entrar o permanecer en Estados Unidos. Es inadmisible que se condicione el estatus migratorio a la lealtad política o a la autocensura.
Este nuevo rostro del autoritarismo disfrazado de seguridad debe ser denunciado con fuerza. Porque hoy son los migrantes; mañana, podría ser cualquiera que no se alinee con la narrativa oficial.
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