El aire se ha transformado en muro de cemento.
Antes de que suceda, he salido a mirar los aviones y a viajar en tus ojos.
Poema XIV de Vicente Quirarte
En el arranque de las campañas para la elección judicial del próximo 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que ningún servidor público, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, puede promover la participación ciudadana para estos comicios. La decisión busca evitar que el aparato del Estado intervenga en un proceso que, paradójicamente, pretende presentarse como un ejercicio de “democratización del Poder Judicial”.
¿Qué persiguen en realidad los líderes del partido en el poder y todos sus alfiles -muchos de poca monta, incrustados en el Poder Legislativo- en torno del férreo control del proceso electoral del 1 de junio próximo?
Durante una gira por Sonora, la presidenta decidió pronunciarse sobre el tema, en aparente desacato a lo establecido por el INE. Este gesto no es menor: revela el verdadero pulso político detrás de la reforma judicial promovida por el actual gobierno. No se trata únicamente de abrir el sistema judicial a la voluntad popular —algo, en teoría, deseable— sino de asegurarse que quien encabece el Ejecutivo, también tenga el poder de moldear al Poder Judicial a su imagen y semejanza.
¿Qué tipo de democracia es aquella donde los contrapesos se diluyen y el poder se concentra cada vez más en una sola figura? ¿Acaso elegir jueces mediante voto directo garantiza justicia, o simplemente allana el camino para que las decisiones judiciales estén alineadas con los intereses del poder en turno?
Tal vez, y solo tal vez, para algunos analistas la estrategia de descalificar la elección desde ahora, solo sirva para desalentar que la gente acuda a las urnas, y demostrar que todo el tiempo fue una bien orquestada farsa.
Pero si ponemos los pies en la tierra ¿Quién en su sano juicio estará dispuesto a desperdiciar casi mediodía de ese domingo en hacer fila para luego, durante media hora mínimo, llenar el listado de seis boletas distintas, con nombres, números y otras trampas visuales que den la razón al gobierno morenista?.
El riesgo es real: convertir al Poder Judicial en una prolongación del Ejecutivo no es una reforma, es una regresión. Es disfrazar con urnas lo que en el fondo es una captura institucional. El país puede terminar con magistrados electos no por su capacidad, sino por su lealtad. Una justicia sin independencia es el preludio de un autoritarismo legitimado en las urnas.
La democracia no se construye anulando las diferencias entre los poderes, sino garantizando su coexistencia crítica.
Al menos en el plano idealista y en el mundo moderno casi como cuento de hadas, la justicia no debe obedecer al gobernante de turno, sino a la ley y a los principios que sostienen el Estado de derecho.
Pero bueno, ya el clásico lo sentenció hace algunos años cuando demostró que las instituciones no sirven para maldita la cosa: No me vengan ahora con que la Ley es la Ley.
Y sus lacayos le aplaudieron y le siguen defendiendo por encima de todo, hasta de sus propios principios y convicciones personales.
Veremos -a su tiempo pero lo veremos- que este personaje sí engañó al pueblo y la historia le dará el lugar que merece. Por ahora puede seguir en un altar, embobando incautos y viviendo de lo que tanto atacó.
Sus otros datos son los que dictan el discurso de los demás, tal vez hasta que la científica preparada, comprometida con México, lo decida. Ella sabe perfectamente que seguir con el juego puede tener consecuencias muy negativas al enviar al fondo del baúl de las verdaderas necesidades nacionales, intereses, y motivaciones de vida de los mexicanos de bien.
