Por Daniel Lee Vargas
Mientras la reforma para reducir la jornada laboral sigue estancada en el Congreso, algunas empresas y sindicatos han decidido tomar la iniciativa e incluir esta modificación en sus contratos colectivos de trabajo (CCT). Aunque esto representa un avance en la lucha por mejores condiciones laborales, también genera una preocupación válida: ¿qué pasa con los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que no tienen representación sindical?
Para Gilberto Chávez Orozco, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, si bien la reducción de la jornada ya es una realidad en algunos sectores, su aplicación parcial genera una brecha laboral que podría considerarse discriminatoria.
La evidencia demuestra que la productividad y los ingresos no se han visto afectados en los centros de trabajo donde se ha implementado, lo que refuerza la necesidad de establecer esta medida como una obligación general para todos los empleadores.
Sin embargo, el debate legislativo sigue sin una resolución clara. A pesar de que existen al menos cinco iniciativas en el Congreso de la Unión para reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales, las discusiones están trabadas por la resistencia del sector empresarial. Argumentan que la reducción de horas laborales elevaría sus costos hasta en un 17%, especialmente tras reformas recientes como la de vacaciones dignas y el aumento al salario mínimo.
La postura de los empresarios puede ser comprensible, pero no debe ser un freno para la justicia laboral. La solución podría encontrarse en una implementación gradual, permitiendo que las Mipymes se adapten sin afectar su viabilidad económica. Mientras tanto, dejar esta reducción de jornada al arbitrio de la negociación colectiva solo perpetúa la desigualdad entre trabajadores con y sin representación sindical.
No se trata solo de tiempos de descanso, sino de salud física y emocional, de calidad de vida y de productividad sostenible.
No hay que perder de vista esto: México sigue siendo el país de la OCDE con la mayor cantidad de horas trabajadas al año, con 2,137 horas por trabajador, una cifra alarmante que refleja la necesidad urgente de un cambio estructural en el modelo laboral. Mientras otras economías han comprobado que jornadas más cortas aumentan la productividad y el bienestar de los trabajadores, en México se sigue sacrificando el tiempo personal sin un beneficio real proporcional.
La reducción de la jornada laboral no debe ser un privilegio para unos cuantos, sino un derecho para todos. Es momento de que el debate legislativo trascienda el temor empresarial y ponga en el centro a quienes realmente sostienen la economía: los trabajadores.
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