CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) vive hoy un momento de tensión y lucha sindical que deja en evidencia, una vez más, el atropello de las autoridades universitarias a los derechos de sus trabajadores.
La huelga convocada por el Sindicato de Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ), respaldada por más del 50 por ciento de los docentes que participaron en el plebiscito, es un grito desesperado frente a una Rectoría que, lejos de buscar soluciones justas, ha optado por coaccionar, amenazar y desestimar las legítimas demandas de los profesores.
El proceso de votación, que alcanzó una participación del 79.81 por ciento, fue empañado por incidentes que revelan la intromisión de la administración central.
La denuncia de Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ, sobre la presión ejercida por directores de unidades académicas para que los docentes votaran en contra de la huelga, es preocupante.
La existencia de capturas de pantalla y oficios que amenazan con retirar cargas de trabajo o no autorizar proyectos de investigación, evidencia una práctica coercitiva inadmisible en una institución que debería ser un baluarte de la libertad y la justicia.
El argumento del rector Rubén Ibarra Reyes de haber realizado “ofrecimientos históricos”, como el pago completo a jubilados y un incremento salarial al personal activo, no puede ocultar la realidad que enfrenta el personal académico: adeudos persistentes, falta de reconocimiento a derechos adquiridos y un menosprecio constante hacia su labor.
La promesa de regularizar a docentes con más de ocho años de antigüedad y ofrecer cambios de categoría suena vacía frente a un historial de incumplimientos.
La huelga que hoy estalla no es un capricho ni una simple disputa política, como la Rectoría pretende hacer creer. Es el resultado de años de abusos y de una administración que ha fallado en su deber de garantizar condiciones laborales dignas.
El llamado de González Arenas a la solidaridad de la sociedad y de otros sindicatos es crucial.
La lucha del SPAUAZ no es aislada; es un reflejo de las condiciones precarias que enfrentan miles de trabajadores de la educación en el país.
La colocación de banderas rojinegras en todas las unidades académicas de la UAZ simboliza no sólo la resistencia de los docentes, sino también la urgencia de un cambio profundo en la manera en que se gestionan las relaciones laborales dentro de la universidad.
La Rectoría, al intentar minar este movimiento mediante amenazas y coerciones, ha demostrado un desprecio total por los derechos laborales.
Argumentar que una huelga representa un retroceso es, cuando menos, irónico, viniendo de una administración que ha mantenido a sus trabajadores en un estado de incertidumbre constante.
La verdadera regresión es la que vive la UAZ bajo una gestión que privilegia sus propios intereses sobre el bienestar de su personal académico.
El grito de “¿Rubén, canalla, la huelga sí se estalla!” que resonó tras conocerse el resultado del plebiscito es un recordatorio de que los docentes están dispuestos a luchar hasta el final por lo que les corresponde.
La UAZ, como muchas otras instituciones públicas de educación superior, enfrenta hoy el reto de demostrar que es posible construir un espacio donde se respete la dignidad de quienes la sostienen con su trabajo diario.
Por ahora, la Rectoría ha fallado rotundamente en esa misión.
Radicalizarán protestas
Mientras el gobernador David Monreal se ausentaba de Zacatecas para realizar un tour político en la Ciudad de México, miles de docentes de las secciones 34 y 58 del SNTE tomaron las calles y bloquearon casetas y obras públicas en protesta por la falta de atención a sus demandas laborales.
Este paro indefinido, respaldado por otros sindicatos y organizaciones sociales, evidencia el profundo descontento del magisterio y la incapacidad del gobierno estatal para resolver conflictos que se arrastran desde hace meses.
Los reclamos son claros: salarios atrasados y becas escolares pendientes desde 2024.
Sin embargo, la respuesta oficial ha sido tibia y evasiva. La Secretaría General de Gobierno convoca a una nueva mesa de diálogo abierta, para evitar los dimes y diretes, en lo que parece un intento de control de daños, más que una solución real.
El asegurar que los salarios «no están en riesgo» y postergar las becas hasta 2025 resulta insuficiente y refleja la constante de la fallida nueva gobernanza: la falta de voluntad política para atender las urgencias del sector educativo.
El paro continuará y, según los líderes sindicales, las acciones se radicalizarán.
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Así, el gobierno de David Monreal, en lugar de asumir responsabilidades, traslada culpas y aplaza compromisos mientras el descontento crece y las movilizaciones se intensifican.
La educación en Zacatecas está en riesgo, y no sólo por las protestas, sino por la ineptitud de un gobierno que prioriza la imagen política sobre el bienestar de sus ciudadanos.
Si no hay acciones concretas, este conflicto podría escalar a niveles insostenibles que profundizarán la crisis educativa en el estado.
Y mientras tanto, siguen las probaditas de ingobernabilidad en Zacatecas.
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