Entre las cuatro paredes, mi alma se enriquece, un santuario bendito donde
mi esencia se forjó. En cada rinconcito, se encuentra un amor inigualado.
Poema Mi dulce Hogar. Anónimo.
El gobierno de México hace esfuerzos desesperados por justificar reformas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Dicen políticos, analistas y algunos legisladores, que esta iniciativa -ya aprobada por la Cámara de Senadores- incluye la creación de una empresa constructora, por lo que da al Instituto un nuevo papel.
Una propuesta para cumplir la promesa de campaña de construir un millón de viviendas, con los dineros de los trabajadores. Políticamente suena bien, pero la experiencia nos dice que no es una buena idea, porque ponen en riesgo los fondos del ahorro.
Se sabe de la corrupción oculta, -de los gobiernos anteriores incluyendo al de Claudia Sheinbaum- que busca retirar el ahorro de millones de trabajadores, con el pretexto de reinvertirlo, sin explicar nada de los textos ocultos de la ley. Que por supuesto los hay.
El asunto conlleva una mezcla de preocupaciones legítimas y contextos políticos complejos. Estas reformas propuestas al Infonavit incluyen la posibilidad de que el Instituto se convierta en constructor y plantean elementos que la gente no debe pasar por alto.
El Infonavit históricamente ha sido un ente de financiamiento (para eso fue creado en 1972 durante el gobierno de Luis Echeverría) para que los trabajadores accedan a créditos hipotecarios y adquirir, construir o mejorar viviendas. 52 años después, convertirlo en constructor implica un cambio estructural significativo que podría generar incertidumbre en su operación y en la administración de los recursos de los trabajadores.
¿Habrá riesgos para los fondos de ahorro? Sin duda, y la idea de utilizar los fondos de los trabajadores para cumplir con promesas de campaña, como la construcción masiva de viviendas, se percibe como una medida populista que pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema. Los recursos de los trabajadores deben ser manejados con la máxima transparencia y eficiencia, sin comprometer su futuro.
Claro está que -desde su nacimiento- el tema de corrupción siempre será un factor de preocupación, especialmente cuando se manejan grandes cantidades de recursos públicos o sociales. Eso es lo que hace atractivo para el actual gobierno abrir la posibilidad de hacerse constructores (bueno, sabemos que a final de cuentas serán los militares quienes construyan, y ya traen su sueldo a cuestas, así que se ahorrarán ese tema en Contraloría). Si bien los gobiernos anteriores han sido señalados por prácticas corruptas, también es esencial que el actual gobierno establezca medidas claras para evitar irregularidades y garantizar que las reformas sean en beneficio de los trabajadores.
Este 2025, otro problema serio es la falta de claridad en las reformas. La ausencia de transparencia y de explicaciones detalladas sobre los cambios propuestos genera desconfianza. Los textos de las reformas deben ser públicos, claros y debatidos ampliamente, con la participación de expertos, legisladores y la sociedad civil.
Analistas mencionan que aunque la intención de fortalecer el acceso a la vivienda puede ser positiva, el enfoque planteado debe ser evaluado cuidadosamente para evitar riesgos financieros, asegurar la transparencia y garantizar que las reformas realmente beneficien a los trabajadores. Una comunicación clara y abierta por parte del gobierno sería esencial para disipar las preocupaciones y generar confianza.
Aunque cumplir promesas de campaña (como construir un millón de viviendas) puede ser atractivo políticamente, también es fundamental que estas iniciativas sean viables y sostenibles en el largo plazo, sin comprometer los derechos y ahorros de los trabajadores.
Ahí está el detalle: no hay el nivel necesario, al menos en el Poder Legislativo.
