Por Daniel Lee
Este mes de enero, la pretendida reforma a la Ley del Infonavit será prioritaria en la Cámara de Diputados; se prevé un parlamento abierto para que el pleno discuta el dictamen en febrero cuando inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, pero qué esperamos. Es previsible, un escenario de simulación.
En un breve balance, podemos afirmar que las 16 reformas constitucionales avaladas en el Congreso durante periodo que concluyó en 2024 no respondieron a la voluntad del electorado que apostó por el proyecto de Morena, pero sí a las consignas de “ya sabes quién”.
Difícil será el año que iniciamos. El país enfrentará una serie de desafíos como la elección judicial, la reforma electoral, la continuación del tratado comercial de América del Norte y las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump. Así es, un 2025 más complejo y marcado sobre todo por la incertidumbre.
Dentro de las reformas constitucionales que se avecinan por parte de Morena y sus aliados, está la que genera especial preocupación: la del Infonavit. Morena pretende apropiarse de 2.4 billones de pesos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores. Esta reforma permitiría utilizar la subcuenta de vivienda para financiar “proyectos habitacionales”.
El gobierno federal a través del actual y nuevamente inexperto, sí, el agrónomo Octavio Romero, quien ahora despacha al frente del Infonavit -después de provocar una mega deuda histórica en Pemex- justifica que la reforma plantea tres esquemas: primero, préstamos baratos; segundo, la constructora filial del Infonavit, y tercero, el arrendamiento de casas con derecho a compra, para el que sólo se podrá utilizar hasta 30 por ciento del salario del trabajador.
Entre lo único positivo está la forma en que pretende simplificar que los jóvenes que se van integrando al mercado laboral puedan eventualmente hacerse de una casa propia. Para nadie es un secreto que, con el pasar de los años, que una persona promedio en este país pueda hacerse de un patrimonio inmobiliario se ha vuelto cada vez más complicado, rozando incluso la imposibilidad
Sin embargo, de esos 2.4 billones, 700 mil millones están a plazo fijo, a cuatro años, y no pueden tocarse, y hay otra partida importante que se reserva para créditos, y tampoco puede tocarse.
Pero vayamos más allá, el punto de esta reforma que más hace ruido es la forma en que el gobierno tomaría el control administrativo y financiero del Infonavit, dejando fuera de este esquema a trabajadores y empleados, como hasta el día de hoy ocurre.
El mismo gobierno podría tomar los recursos de este fondo de vivienda y usarlos a discreción bajo su propia administración y supervisión, pero habrá que ver si finalmente esto se materializa, pues la propia Sheinbaum ya anunció que vendrá una revisión a fondo de esta propuesta legal.
Por lo pronto, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados cumplieron la consigna de aprobar 16 reformas constitucionales de la llamada cuarta transformación en tres meses y medio del primer periodo de sesiones, pero dejaron en la ‘congeladora’ 546 iniciativas pendientes de análisis y dictamen.
De acuerdo con los registros oficiales en el Palacio de San Lázaro, el pleno cameral avaló en el primer periodo ordinario de la 66 Legislatura un total de 16 reformas a la Constitución, de las cuales 14 fueron presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero.
ASÍ LAS COSAS…