Por Jorge Almaquio García y Víctor Ortega
Publicado por El Heraldo de México
- Con esta reforma los jueces podrán dictar prisión automática por extorsión, tráfico de fentanilo y comprobantes fiscales falsos.
En la Cámara de Diputados se hizo la declaratoria de reforma constitucional de la ley en materia de prisión preventiva oficiosa, que amplía el catálogo de delitos
Al final de la sesión de este martes, la presidenta de la Mesa Directiva en funciones, Dolores Padierna, solicitó que se leyera el correspondiente aviso sobre el aval hecho por 20 legislaturas locales de la iniciativa presidencial que modifica el párrafo segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para solicitar a los legisladores, ponerse de pie y dar paso al acto protocolario.
Con la propuesta, se establece que los jueces podrán dictar prisión automática por extorsión, tráfico de fentanilo y comprobantes fiscales falsos, y aunque se preveía también aplicarla en caso de narcomenudeo y la defraudación fiscal, al final, esta propuesta fue eliminada del documento original.
Organizaciones advierten que por modificación habrá reclamos de la CIDH
En el debate se puntualizó, para evitar vacíos, establecer que el juez ordene prisión preventiva oficiosa en el caso de delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados
En el régimen transitorio se expone que, a partir de la entrada en vigor del decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan a su contenido, previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
Algunas organizaciones en defensa de los derechos humanos y activistas, han advertido que la modificación en la Carta Magna, pondrá a México en la mira internacional y también en la de los reclamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que determinó y solicitó terminar con esta figura violatoria.
Entre los estados que avalaron la reforma constitucional se encuentran Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México.
Tras su declaratoria, la reforma fue remitida al Ejecutivo Federal para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
