Por Julio Ramos García
27 de noviembre de 2024
La elección de magistrados en México es un tema que, aunque a menudo se percibe como técnico o legalista, tiene repercusiones directas sobre la vida cotidiana de los mexicanos, especialmente en el ámbito económico. Los magistrados, como jueces encargados de interpretar y aplicar las leyes, son figuras claves para garantizar el estado de derecho, la justicia y la estabilidad jurídica, todos ellos pilares fundamentales para el buen funcionamiento de una economía.
En cualquier democracia, el poder judicial tiene la responsabilidad de asegurar que las leyes se apliquen de manera justa e imparcial. En México, los magistrados del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación y otros tribunales especializados son responsables de garantizar que las decisiones económicas, comerciales y laborales se adhieran a los principios constitucionales. Esto incluye resolver disputas comerciales, asegurar los derechos de los trabajadores, así como decidir sobre la legalidad de decisiones gubernamentales que puedan tener un impacto económico.
En un país como México, donde la inseguridad jurídica ha sido históricamente uno de los mayores frenos al desarrollo, la independencia y la calidad de los magistrados son factores decisivos para mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera. Los inversionistas necesitan un entorno legal predecible y justo para invertir con confianza, lo cual no es posible sin un sistema judicial robusto que resuelva de manera imparcial los conflictos.
El proceso no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también económicas. La selección de magistrados que no garanticen imparcialidad puede resultar en decisiones que favorezcan a ciertos grupos económicos sobre otros, creando un ambiente de incertidumbre que desincentive la inversión y perjudique a las pequeñas y medianas empresas que dependen de un marco legal justo y confiable.
Por otro lado, si el proceso de selección no es transparente o se percibe como manipulado, los efectos negativos pueden reflejarse en una menor atracción de inversiones, un mayor costo para los negocios y una generalizada desconfianza en el sistema judicial.
El reto es hacer que la política deje de influir tanto en la justicia, para que la economía pueda crecer con base en reglas claras y equitativas. Los magistrados deben ser seleccionados no solo por su capacidad jurídica, sino también por su compromiso con la independencia y la imparcialidad. Solo de esta manera se logrará que las instituciones en México puedan desempeñar su función de manera efectiva y, al mismo tiempo, generar confianza entre los ciudadanos y los inversionistas.
La relación entre la elección de magistrados y la economía de un país es más directa de lo que parece. La estabilidad jurídica, la transparencia y la justicia imparcial son fundamentales para el desarrollo económico de México. Por ello, la elección de magistrados debe ser un proceso que se valore con seriedad, sin intereses políticos ni clientelismos, porque el futuro económico de México depende en buena medida de la solidez y la confianza en su sistema judicial.
