Luis Sunderland Méndez
X@LouSunderland
Estamos en pleno proceso de validación de las elecciones y que las autoridades electorales -primero el INE y después el TRIFE-, lo declaren legal y ya de paso, que los candidatos que resultaron ganadores en las diferentes contiendas reciban la constancia que los acredite en cada uno de sus cargos que iniciarán, en el caso del Legislativo, el 1 de septiembre y del ejecutivo el 1 de octubre.
No se sabe hasta ahora como quedará conformado el Congreso, porque el refuego de las diferentes fuerzas políticas en los medios, más que orientarnos, nos confunden y solo podemos especular. Sobre las impugnaciones, las señales que se ven no auguran nada bueno para la oposición; los consejeros y los magistrados han dado muestras de que el oficialismo saldrá con un resultado muy afortunado.
Las impugnaciones que les comenté la semana pasada que bien podrían ser motivos de declaración de nulidad, para los tocayos Felipe de las Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera –Magistrados ponentes-, ninguna de las presentadas por los partidos políticos amerita la nulidad de la elección. Ni siquiera que el señor López Obrador haya ordenado que el ejército de servidores de la nación, personal adscrito a la secretaria del bienestar, pagados con nuestros impuestos, haya intervenido presionando a la población como lo hicieron.
El tema de la sobrerrepresentación se ha convertido de jurídico a político y no hay forma de saber cuál será el criterio que los magistrados utilicen para su decisión.
Lo único que si se puede asegurar es que la diferencia entre uno y otro de los criterios marcará el destino que regirá la vida política, social, económica de nuestro país por varios años.
Los deseos de López Obrador son que se aplique a cada partido la norma que le da derecho a un 8 por ciento y la oposición quiere que ese mismo porcentaje sea para cada coalición. La verdad es que la redacción del artículo 54 Constitucional es muy ambigua y quedó el asunto a criterio de los que tienen que aplicar la ley.
Ese es el problema realmente, se trata de gente que en su mayoría está en la esfera de López Obrador y que seguramente de una forma irracional, convertirán el 54 por ciento que tiene Morena y sus aliados, en un 74 por ciento.
El espíritu del artículo 54 Constitucional sobre que ningún partido tenga más del 8 por ciento de sobrerrepresentación, quedará en el olvido; no importará que la Constitución señale que ninguna fuerza política pueda tener arriba del 60 por ciento de la Cámara de Diputados.
La oposición que ha estado centrada en convalidar la continuidad de sus presidentes, en lugar de organizarse y tratar de combatir congruentemente esta ilegalidad, da palos de ciego. Solo los jerarcas del Frente Cívico Nacional y México unido están a la cabeza de la convocatoria a la Marea Rosa para que asista a un plantón el día el domingo 11 de agosto en la puerta del INE para presionar a los Consejeros.
Pero realmente el panorama se ve muy negro y amenaza una tormenta para los que quieren evitar que el INE viole el principio de representatividad y elimine la posibilidad de detener el avance dictatorial de Morena.
La espantosa muy posible realidad es que López tendrá por un mes la posibilidad de hacer lo que le dé la gana y entre otras cosas, le heredará la responsabilidad a la señora Sheinbaum, que encontrará un verdadero batidillo de país, quebrado, con un gabinete incondicional a AMLO, con enormes compromisos sociales que quien sabe cómo los podrán cumplir, con un 35 por ciento del país en manos del crimen organizado y lo peor, con la amenaza de que regrese Trump al poder y entre otras cosas, dinamite el trilateral.
Esto que pasó apenas el miércoles pasado de que mexicanos se refugien en Guatemala por no encontrar apoyo y protección de las autoridades mexicanas en contra de las bandas de delincuentes, es para que los inversionistas lo piensen muy bien si deciden invertir en México.
