No se trata de oponerse a las transformaciones del sistema de justicia mexicano.
Ivonne Melgar
El prólogo de la anunciada reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) es un capítulo en el que confluyen mentira, odio, misoginia y crueldad como simiente de una política de Estado que, de concretarse, sería de terror. No se trata de oponerse a las transformaciones que el sistema de justicia mexicano requiere ni a la materialización del proyecto de país que la fuerza política gobernante legitimó en las urnas.
De eso se trata la democracia y las alternancias: de cambios institucionales, jurídicos y culturales. Pero los actos que estamos atestiguando en el debate de la reforma presidencial entrañan las peores prácticas políticas: campaña de odio, calumnias, golpismo y desinstitucionalización de definiciones y procesos.
Se afirma que el irreductible de la iniciativa del presidente López Obrador es que jueces, ministros y magistrados sean electos con el voto popular. Y que falta definir cómo y cuándo.
Si bien en los foros organizados por la Cámara de Diputados como Diálogos Nacionales se ventilan ideas para responder a esas preguntas, hasta ahora se ha impuesto una campaña de odio contra los juzgadores, al grado de impedirle hablar a la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, magistrada Emilia Molina. Es una campaña negra que pretende centrarse en contra de la ministra presidenta Norma Piña, a quien su antecesor, el exministro Arturo Zaldívar, buscó descalificar con señalamientos que no se sustentan en la realidad.
Fue lamentable que, en el foro de apertura, el expresidente del Poder Judicial encabezara la embestida contra sus excompañeros, alegando que todo lo realizado en su gestión se destruyó a partir de enero de 2023, cuando la ministra Piña fue designada presidenta con el voto de la mayoría de sus compañeros de la SCJN, donde las decisiones son colegiadas. Según Zaldívar, una vez que él no estuvo al frente, se dejó de combatir la corrupción, regresó el nepotismo, se quitaron las políticas de paridad de género e igualdad y la Defensoría Pública se volvió el patito feo del PJF. Basta un contraste de informes para documentar con datos oficiales que, bajo la administración de la ministra Piña, esas líneas institucionales se han profundizado en medidas y en presupuesto.
Se observa que, mientras de 2019 a 2022 se ejecutaron 11 sanciones en promedio de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en 2023 se aplicaron 17 incluyendo a magistrados, jueces, secretarios, actuarios judiciales y oficiales de seguridad y administrativos. La información disponible indica que noviembre del año pasado se fortaleció el combate al nepotismo con la precisión de definiciones para atajarlo y el cumplimiento en 89% de las declaraciones de servidores públicos respecto a vínculos familiares, a fin de detectar y mitigar casos posibles.
Para quienes damos seguimiento a la agenda de las mujeres resulta evidente que en el PJF ésta se amplió en el acceso a la justicia penal con enfoque interseccional en los derechos de las personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y en la justicia ambiental. Y a nivel interno se reforzó la prevención y combate de la violencia laboral y acoso sexual; 486 juezas y magistradas se incorporaron a nuevos cargos mediante concursos exclusivos para mujeres o paritarios; y se incrementaron en 33% las sentencias con perspectiva de género, logrando 476 bajo ese enfoque en lo que va de 2024. Es sabido que el PJF es pionero en el sistema de cuidados, pero también en el ejercicio de la justicia penal en crímenes contra mujeres y personas LGBTQ+, así como en el combate a la tortura y el feminicidio.
Y en cuanto al Instituto Federal de Defensoría Pública, hubo el primer concurso interno de oposición para incorporar al servicio civil de carrera la categoría de defensor, sumándose por esa vía 170 personas más. Pero en los foros legislativos aún no revisan con seriedad cómo, cuándo y con quiénes se sustituirían las instituciones que coexisten en el PJF, con la carrera judicial incluida.
Del lado de Morena y sus invitados afines, el guion es repetir la propaganda de que la Corte y el CJF están al servicio de las élites y no del pueblo, como si éste fuera sinónimo del gobernante en turno. A pesar de esa caricaturización que incluyó, este lunes, el exceso del senador Ricardo Monreal defenestrando a la ministra Piña, la semana termina sin que los intentos golpistas en la SCJN prosperaran. Porque mientras en el segundo foro, en Guadalajara, el jefe de la mayoría morenista decía que esta reforma se diseñó por culpa de “la falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política” de la presidenta de la Corte, en la reunión interna de los 11 de ese pleno, la ministra Yasmín Esquivel le sugería renunciar para que fuera más sencillo negociar la transición.
Fue una operación de golpismo y misoginia que se topó con la templanza de los jueces constitucionales que le hicieron el vacío. Habló, eso sí, la ministra Lenia Batres para descalificar la propuesta por innecesaria. Fue interesante escuchar el miércoles cómo la virtual Presidenta electa se zafó de la desmesura de Esquivel. “No creo que esté a evaluación la presidenta de la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en sí, por eso el planteamiento de la reforma”, aclaró Claudia Sheinbaum.
El jueves, en la sesión del pleno de la SCJN, los 11 ministros continuaron sus trabajos y el lunes la presidenta Piña clausurará las mesas de consulta, cuyas conclusiones, centradas en las víctimas que demandan justicia, se aportarán al debate de la reforma. Habrá que escuchar sus testimonios y atender los que ya comenzaron a ofrecer jueces y magistrados agraviados por la crueldad de un diagnóstico que los criminaliza sin racionalidad.
Hay dolor e impotencia entre los protagonistas de un PJF que todavía esperan que los Diálogos Nacionales honren su nombre. Sus palabras quedarán registradas como la alerta del horror que desde el Estado podría perpetrarse en contra de 54 mil personas juzgadoras, llevadas al paredón sin el mínimo debido proceso.
