“Nuevo León es un centro jurídico de gran profesionalismo y dedicación que tiene muchos
elementos para cristalizar los cambios que México necesita”, destacó la Ministra Margarita
Ríos Farjat en la ceremonia de toma de protesta del Consejo Directivo para el periodo 2024-
2026 del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA),
encabezado por Jorge Luis Díaz.
En el evento, al que asistieron el presidente nacional de la BMA Víctor Oléa, la primera
vicepresidenta nacional Ana María Kudisch y Miguel Valdés presidente saliente del capítulo
local, la Ministra Ríos Farjat reconoció la labor de diversas organizaciones del foro jurídico
en la defensa de la independencia judicial y subrayó la necesidad de que la judicatura y el
foro colaboren en estrategias a largo plazo para propiciar el acercamiento entre la sociedad
y el Poder Judicial a través de iniciativas de justicia abierta y fortalecer las capacidades
institucionales del país.
“Como integrante de la judicatura federal, pero, especialmente como una ciudadana más,
deseo que todos contemos con las capacidades y bagaje del gremio, como el de la Barra
Mexicana de Abogados, que contemos con su acompañamiento y vocación de servicio”, dijo.
Asimismo, la ministra expresó su convicción de que el Estado mexicano ha superado grandes
retos gracias a las tres burocracias profesionales fundamentales: la del servicio exterior, la
hacendaria y la judicial, mismas que se preparan y se actualizan constantemente en escuelas
especializadas.
Por ello planteó la posibilidad de que la Escuela Federal de Formación Judicial, que prepara
a los jueces y magistrados del futuro, pueda ser también el lugar donde recaiga la
colegiación obligatoria de la abogacía mexicana. Señaló que esto implicaría un ajuste de
capacidades, pero que valdría la pena el esfuerzo porque esta propuesta solucionaría
problemas públicos aprovechando la fortaleza institucional con la que ya cuenta una escuela
de profesionalización jurídica.
“La mediocridad jurídica es parte de la desgracia que impide que muchos objetivos de
política pública se alcancen; la proliferación de escuelas deficientes y frívolas atenta contra
la honorabilidad de la abogacía y lastima a la sociedad, que termina malaconsejada e
impunemente saqueada. Estos dos problemas requieren una solución urgente, y ahí se alza
la Escuela Judicial como solución, una solución que pueden ayudar a construir las
organizaciones de la abogacía en su conjunto”, destacó.
