Los diputados federales de Morena acusan “privilegios” y opacidad del Poder Judicial para eliminar fideicomisos con lo que afectan los derechos laborales de los trabajadores de esta institución pero poco o nada hablan de sus propios privilegios o los del Ejecutivo y que, por acto de congruencia también deberían ser eliminados
J. Israel Martínez Macedo / @Mega_IsraelMtz
Los diputados federales de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo votaron a favor de eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial que afectan directamente a los trabajadores bajo el argumento de que se trata de quitarle los “privilegios” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desapareciendo mecanismos que los legisladores consideran opacos (o, al menos, poco transparentes), eso sí, sin haber presentado una sola prueba de sus dichos tanto en la acusación de “privilegios” como la de opacidad.
Pero si de opacidad se trata, el propio Poder Legislativo, es decir, los diputados federales y senadores de la República, llevan mano en la materia ya que en el caso de los diputados ninguno de ellos aparece en la plataforma que informa sobre el monto de sus sueldos y prestaciones mientras que en el caso de los senadores la información sobre su sueldo se presenta en ceros y ni siquiera se considera su cargo bajo la siguiente justificación:
“El puesto, cargo y área de adscripción ‘No aplica’ al Legislador por no considerarse empleado, su condición de Senador de la República no se estipula en ningún catálogo de puestos o áreas y tampoco se le otorga nombramiento alguno. // Los Senadores solamente reciben dieta, aguinaldo, seguro de vida institucional y prestaciones de seguridad social como ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, por lo que los demás conceptos del presente formato no contienen información”.
Así que, si de opacidad se trata, los diputados federales saben muy bien de qué se trata al ni siquiera estar registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, y aunque sabemos que para este 2023 su dieta aprobada es de 75 mil 763.18 pesos netos mensuales, también es sabido que cuentan con varios apoyos como un pago para su despensa y algunos otros que, debido a no estar en la Plataforma, puede decirse se entregan de manera discrecional.
En el caso de los senadores el proceso para evitar la transparencia fue más elaborado pues en una primer instancia la información sobre el sueldo bruto y neto aparece en cero pero se trata solo del tecnicismo relacionado con que no reciben un sueldo sino una dieta, por lo que el usuario debe buscar en ese apartado para encontrar que cada senador tiene una dieta mensual 119 mil 769.65, apenas 2 mil 487.35 pesos menos que el Presidente de la República quien, por cierto, según la Plataforma tiene un sueldo de 122 mil 257.
Aunque el sueldo del Presidente Andres Manuel López Obrador sí se encuentra de manera directa en la Plataforma Nacional de Transparencia, no se indica nada sobre las demás prestaciones que, según marca el artículo 127 de la Constitución, forman parte de su “remuneración” es decir; en el caso del Presidente de la República no solo se debe considerar su sueldo sino que se deben agregar “todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, ente otros”.
Esta parte tampoco se informa en la Plataforma Nacional de Transparencia por parte de la Oficina de ls Presidencia de la República y aunque distintos medios y particulares han tratado de obtener dicha información vía solicitudes específicas de transparencia, la realidad es que la dependencia gubernamental sigue siendo opaca en este sentido al no informar claramente cuánto cuesta, por ejemplo, la renta de un espacio de vivienda en Palacio Nacional o el servicio de despensa y alimentación o el personal para su servicio personal.
Esto nos mete de lleno a la otra acusación que los diputados federales usaron como justificación para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial: los privilegios. En el caso e los senadores, la Plataforma Nacional de Transparencia señala que cuentan con un seguro de vida institucional, es decir, que paga el Senado, además de que cuentan con un programa de “ahorro solidario” que consiste en que, por cada peso ahorrado, el Senado aportará 3.25 pesos, entre otros.
Los diputados federales son todo un caso, cuentan con asesores a discreción, y en la Plataforma Nacional de Transparencia se pueden encontrar hasta puericultoras (cuidadoras de niños) en la nómina de la Cámara (para los lectores más sagaces, efectivamente: no está la información de los diputados pero sí de las puericultoras) y cuentan con un seguro de vida que garantiza a sus familiares “o quienes hayan vivido con él en la fecha de fallecimiento y se hagan cargo de los gastos de inhumación” el pago de hasta 40 meses de sueldo, prima que es cubierta por la propia legislatura pero que puede ser potenciada por cada legislador para llegar hasta 108 meses de sueldo, pagando, eso sí, cada uno esa prima adicional.
En la Presidencia de la República los privilegios no son menores, a las remuneraciones presidenciales se le deben sumar: la renta del espacio en Palacio nacional con su respectivo pago de luz, agua, internet, celular, vehículos, los costos de los vuelos en los aviones presidenciales que el Ejército ha puesto a su disposición, además del staff a su servicio como chofer, servicio doméstico, gasolina, la comida que se le sirve en el palacio en el que vive, los 17 mil pesos mensuales por concepto de tintorería y las camionetas asignadas a sus hijos Andrés y José Ramón (sí, los hijos del Presidente tienen camionetas asignadas la oficina de la Presidencia sin ser empleados del gobierno).
Los privilegios presidenciales, de los que no se habla en las argumentaciones de los diputados morenistas, rondan, según diversas estimaciones en un promedio de medio millón de pesos mensuales que se deben considerar como remuneración del presidente, ello sin considerar otras prestaciones como el aguinaldo.
El monto total de las remuneraciones presidenciales es lo que se utiliza por ley como base para el tope máximo para el pago de sueldos y salarios de los servidores públicos, por ello es que el pago que se hace de 206 mil 947.56 pesos para cada uno de los ministros de la Suprema Corte es considerado dentro de la ley pues se encuentra todavía muy por debajo del medio millón mensual que representa todo lo que recibe el presidente.
El argumento de Morena concuerda con su visión de gobierno y “bienestar” que radica, básicamente en que “quitar los privilegios” en lugar de trabajar para que todos los mexicanos tengamos los mismos beneficios que incluso ellos mismos tienen, pero de los que, por eso mismo, no hablan.
En lugar de buscar mecanismos para que todos los mexicanos tengamos buenos salarios, mejores condiciones laborales y más prestaciones; pareciera que los diputados morenistas buscan reducir los beneficios alcanzados por los trabajadores del Poder Judicial y si esto se permite ¿qué tanto pueden tardar en intentar lo mismo con los del Ejecutivo o el Legislativo o incluso con los trabajadores en general?
Para colmo, como lo hizo saber el Poder Judicial a través de un comunicado: la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial no afecta a los ministros y ministras, pero sí a los más de 55 mil trabajadores que conforman su estructura (para hacernos una idea del número de personas afectadas es casi dos veces el estadio Nemesio Diez (lleno), los diputados morenistas no han exhibido una sola prueba de privilegios en la Corte y solo se han dedicado a descalificar sin más.
Las acciones de los diputados morenistas solo ponen en evidencia la sumisión existente del Poder Legislativo a los deseos y caprichos del Ejecutivo, como ocurría en los peores tiempos del presidencialismo priísta y como hacía varias legislaturas no se veía dado que se había trabajado por fortalecer la figura de las cámaras, aunque eso ya es material para otro día.
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Y por cierto, que el Poder Judicial sí tiene transparentado el uso de los fideicomisos, tanto lo correspondientes al Consejo de la Judicatura Federal como los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se actualizan trimestralmente y pueden revisar en sus respectivas páginas web.
