Miguel Tirado Rasso
“Me quieren silenciar, no quieren
que yo hable”, se lamenta, en un
olvido muy conveniente
del origen de una ley mordaza,
que, su entonces partido
político, promovió…
El “ya cállate chachalaca,” reclamo del entonces candidato de la oposición, Andrés Manuel López Obrador al jefe del Ejecutivo, Vicente Fox, por su injerencia (verbal) en el proceso electoral de 2006, se convertiría en una iniciativa de reforma (2007), promovida por el opositor partido de la Revolución Democrática, para evitar el intervencionismo de terceros, léase presidente de la República, en los procesos electorales.
Poco después de tres lustros, en circunstancias totalmente distintas, ahora como Primer Mandatario de la Nación, esa norma le estorba a Andrés Manuel López Obrador y se queja, cuando la autoridad, en estricto apego a la ley, le impone medidas cautelares para que no haga referencias de los aspirantes a la carrera presidencial de 2024.
“Me quieren silenciar, no quieren que yo hable”, se lamenta, en un olvido muy conveniente del origen de una ley mordaza, que, su entonces partido político, promovió, porque consideraba que, el peso de la palabra del presidente del país, inclinaba la balanza y alteraba el piso parejo del proceso electoral en el que participaba.
La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió que el hombre de Palacio Nacional no deberá hacer pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales, en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad. Esta sentencia ratificó las medidas cautelares dictadas, con anterioridad, por el Instituto Nacional Electoral en contra del titular del Ejecutivo, por sus múltiples infracciones a la ley.
De acuerdo con los magistrados del Tribunal, la controversia derivó de la queja presentada por el PAN ante las descalificaciones hechas por el presidente López Obrador en contra de los partidos políticos de oposición y por su apoyo a Morena. Concretamente, en la mañanera del pasado 26 de junio. Pero ya, anteriormente, el INE había mostrado tarjetas amarillas al mandatario por otros pronunciamientos, también sobre temas electorales, denunciados por la oposición.
Celebramos la resolución del TEPJF, por que son evidentes las violaciones en que ha incurrido el Ejecutivo y no había manera de pasarlas por alto, sin riesgo de que más adelante se pierda el control del proceso. De por sí, nada garantiza que el Primer Mandatario, en acatamiento de esa sentencia, se abstenga de atacar a quién sienta que pueda poner en problemas el curso de su proyecto sucesorio.
En el caso de algunas resoluciones del INE, los criterios en cuanto al cumplimiento de la ley resultan un tanto laxos. En particular, en el caso de su Comisión de Quejas, que ha demostrado tener una manga muy ancha con las corcholatas en cuanto a su comportamiento a lo largo de sus “no campañas”. Ante el cúmulo de denuncias y quejas presentadas por la oposición por actos anticipadísimos de precampaña, abierto proselitismo, llamados al voto, promesas de campaña, giras de promoción y despilfarro de recursos de propaganda de origen desconocido, dos de los tres consejeros integrantes de esa Comisión han optado por ser benignos y no interferir en la tarea de las corcholatas.
En un principio, estos comisionados amenazaron con emitir un dictamen que delimitaba la realización de los mítines a espacios cerrados y/o lugares pertenecientes a su partido político, en donde asistieran únicamente militantes a los que tendrían prohibido dirigir mensajes de índole electoral. Esto es, sin poder hacer llamados al voto en favor de un aspirante o partido ni formular propuestas de gobierno ni hablar del proceso electoral de 2024.
Pero la severidad de estas restricciones, solo fue una finta. Condolidos los consejeros con las corcholatas, finalmente, les permitieron que sus mítines no sean exclusivamente en lugares cerrados, sino sólo “preferentemente” y que la asistencia se abra al público en general, militantes, simpatizantes y hasta curiosos.
Por lo que toca a los mensajes, como las corcholatas tendrán que hablar de algo, la autoridad comprensiva y permisiva, continuará siendo tolerante con lo que se les ocurra decir a los de la 4T.
El proceso de la sucesión presidencial debería iniciar, de acuerdo con la ley, en la primera semana de septiembre, sin embargo, el destape anticipado de las corcholatas o aspirantes oficiales a la candidatura presidencial, hace dos años, metió el desorden y los tiempos y fases del proceso se fueron al traste. Para darle la vuelta a la norma y evitar sanciones, se ha tenido que acudir a ficciones, eufemismos y simulaciones, aunque la terca realidad nos muestra que el proceso ya inició y que marcha al borde de la ilegalidad. El trabajo de la autoridad, no es sencillo. Más aún, si por presiones, simpatía o negligencia actúa con cuestionable imparcialidad.
Justicia y gracia, dicen que aplicaba Benito Juárez a sus cercanos. A ver con que vara mide la autoridad electoral a la oposición.
Julio 20 de 2023
