Miguel Tirado Rasso
Pero la piedra en el zapato,
para este “proceso incluyente y
democrático”, es una ley
(Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales),
que está vigente y que, como
se acostumbra decir
en la 4T, tiene otros datos.
A pesar de su insistente afirmación de que no intervendrá en la elección del candidato presidencial de Morena; de que ya no hay tapados; de que no habrá dedazo; de que serán los ciudadanos los que van a decidir, era impensable que el jefe del Ejecutivo dejara en manos de la dirigencia de su partido el proceso político más delicado, trascendente y sensible de su encargo como es el de la sucesión presidencial. En particular, cuando ha expresado su intención de que su proyecto político trascienda su sexenio.
Por eso vemos que las reglas aprobadas, el domingo pasado, por el Consejo Nacional de Morena para la selección de su candidato presidencial, solo es la ratificación de las pautas definidas por el propio presidente López Obrador en el cónclave morenista celebrado una semana antes, durante una cena con la dirigencia del partido, gobernadores y corcholatas, al que se le dio amplia difusión.
Un verdadero desafío para la autoridad electoral por las múltiples violaciones a la ley en que incurren estas reglas, que no tienen nada que ver con los plazos, tiempos y formas que la normatividad electoral establece. Un proceso a modo, pues, que da ventaja y privilegia la promoción de las corcholatas.
Como algunos de sus antecesores, el huésped de Palacio repite el ritual para elegir al candidato de su partido. En los tiempos del presidente Luis Echeverría (1970-1976) le tocó al entonces secretario de Recursos Hidráulicos, señalar a 6 funcionarios del gabinete como aspirantes a la candidatura presidencial del PRI. También en la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), fueron seis los presidenciables que participaron en una pasarela anunciada por el líder del tricolor. Eran los tiempos de la hegemonía priista.
Ahora, 47 años después, Mario Delgado anuncia el fin del dedazo, porque, dice, se cuenta con “un proceso incluyente, democrático y transparente”. Pero los hechos muestran que el dedazo se niega a morir. Las llamadas corcholatas, los candidatos del partido oficial, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Augusto López, fueron destapadas, precisamente, por el gran elector, el jefe del Ejecutivo, en julio de 2021, y, hasta la fecha, son las que encabezan las preferencias electorales.
A este selecto club, se incorporaron, con la aceptación del fundador de Morena, el senador Ricardo Monreal como una corcholata más y los aspirantes de sus partidos aliados, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y el senador Manuel Velasco, del PVEM. Tenemos, entonces, también seis aspirantes.
Según los acuerdos del Consejo, estos personajes deberán registrarse, a más tardar el viernes 16, previa presentación de la renuncia a su cargo, en el caso del secretario de Gobernación y de la solicitud de licencia, los que ocupan cargos de elección popular, como son la jefa de Gobierno de la CDMX y los tres legisladores.
El método aprobado para la elección del candidato es el de una encuesta, diseñada por el Comité de Encuestas del partido, con 4 encuestas espejo realizadas por agencias privadas, propuestas por los propios aspirantes. Del 19 de junio al 27 de agosto, los aspirantes recorrerán el país para hablar de los logros de la 4T. El levantamiento de la encuesta se dará del 28 de agosto al 3 de septiembre, y el 6 de septiembre se anunciará el resultado, que deberá ser aceptado por los participantes, sin chistar.
No habrá debates públicos ni polémicas ni acciones de desprestigio, entre aspirantes. Se trata de cuidar imagen. Se recomienda austeridad, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos. Lo que no se explica es cómo financiarán sus campañas, al estar prohibido el uso de recursos públicos, empresariales o de actividades “presumiblemente ilícitas”. Además, se les advierte alejarse de medios “reaccionarios, conservadores, adversarios de la 4T y partidarios del viejo régimen”. No les vayan a formular preguntas incómodas que los hagan verse mal.
Pero la piedra en el zapato, para este “proceso incluyente y democrático”, es una ley (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), que está vigente y que, como se acostumbra decir en la 4T, tiene otros datos.
Esta ley señala que los actos de precampaña tienen por objetivo obtener el respaldo para ser postulado por un partido político como candidato a un cargo de elección popular (Art. 227). Que las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo a la elección; que no podrán durar más de sesenta días; que los precandidatos no podrá realizar actividades de proselitismo, antes de la fecha de inicio de las precampañas (Art. 226). Que el Consejo General (INE) determinará, a más tardar en octubre, los topes de gasto de campaña por precandidato; que los precandidatos deberán presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña (229).
En resumen, que realizar un proceso de selección interna de precandidato presidencial, ignorando totalmente lo ordenado por la ley que regula los procesos electorales, pone en riesgo a las corcholatas que podrían ser sancionadas hasta con la negativa de su registro.
Y que no digan que su proceso se refiere a la candidatura para el cargo de Coordinador de Defensa de la Transformación, pues la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, fue muy explícita al señalar que el motivo de su retiro del cargo es “con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la Nación”.
Para que no haya duda.
Junio 15 de 2023
