Redacción México Político
Con el argumento de que no se trata de un “pleito” contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sino de un acto legal que pretende evitar una arbitrariedad, la representación jurídica de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, salió a defender las medidas cautelares que ha obtenido ésta, en referencia a que la semana anterior un juzgado de Ciudad de México detuvo la decisión de un tribunal colegiado, de que la máxima casa de estudios pudiera difundir información sobre el caso del plagio de la tesis de licenciatura.
Para la defensa, a cargo de Alejandro Romano Rascón, el proceso que iniciaron las autoridades de la UNAM “adolece de un insuperable vicio de origen” y señaló que, tanto el Comité de Ética de esa casa de estudios, como el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, “son instancias universitarias legalmente incompetentes para ocuparse del asunto respecto del que indebidamente han venido actuando”.
Las medidas cautelares que ha obtenido la ministra, para que por el momento no haya pronunciamiento de la institución en este tema, son “de una ciudadana que, ante un posible atropello, recurre a los instrumentos jurídicos que le concede, como a cualquier persona, nuestra Constitución”, agregó.
Como se recordará, el citado comité de la FES realizó el peritaje de la tesis de Esquivel Mossa concluyendo que la suya era una copia “sustancial” de la realizada por un estudiante en 1986, un año antes de presentar la ministra su tesis, donde fueron evaluados elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambos documentos.
Sin embargo, para el abogado es preocupante que las autoridades de la UNAM aseguren “ya tener una resolución” porque, según él, este proceso carece de bases jurídicas y de legitimidad y aún no ha concluido, porque no han desahogado la totalidad de las pruebas, ni los testimonios aportados para la defensa la ministra, ya que “de ser así –aseguró-, estaríamos frente a un acto arbitrario que pondría en riesgo la certidumbre jurídica, el derecho al debido proceso y los derechos más elementales de cientos de miles de egresados de la UNAM, cuyas actuales autoridades pretenden actuar como juez y parte.
Manifestó que su único objetivo “es que se respete el Estado de Derecho y las garantías de mi representada”, ya que a su decir, “lejos de ser un abuso de autoridad o acto de prepotencia” de Esquivel, ella recurre a la ley para que no se consume un atropello en su contra, y fue más allá al manifestar que el mayor interés de la ministra es “aclarar más allá de toda duda, que ella es la autora original de la tesis cuestionada, y tiene plena confianza que el derecho y los hechos lo demostrarán”.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han abierto un nuevo capítulo de la polémica acerca del plagio de su tesis de licenciatura. Un tribunal colegiado ha acabado este viernes con la suspensión solicitada por la ministra, que prohibía al ente universitario difundir anuncios sobre las investigaciones del plagio; sin embargo, minutos después, un juzgado de Ciudad de México ha notificado una segunda suspensión que obliga a detener de nuevo la difusión de las informaciones.
La polémica que comenzó a girar en torno a Esquivel no se quedó solo ahí. En febrero, EL PAÍS llevó a cabo un trabajo de investigación en el que pudo concluir que la ministra también plagió en su tesis del doctorado, presentada en 2009, con el que la Universidad Anáhuac le otorgó el grado de doctora. Su trabajo de titulación, en este caso, contó con el plagio de 209 de las 456 páginas que componían el trabajo. Esta tesis, Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, mostraba contenido que correspondía a trabajos publicados anteriormente por 12 autores.
Los plagios de la ministra desembocaron un aluvión de críticas en su contra. Tres días después de la revelación de este diario, la comunidad académica presentó una carta firmada por 180 intelectuales, mexicanos y extranjeros, en la que rechazaban los argumentos del representante de la jueza. Alejandro Romano aseguraba que lo ocurrido con el trabajo fue un problema de “citación”. “Es un insulto al rigor, a la honestidad y a un trabajo intelectual que se ha venido construyendo a lo largo de siglos desde la academia”, apuntaba el escrito.
