Redacción México Político
Hay evidencia suficiente para asegurar que las fuerzas gubernamentales y los grupos armados han cometido una amplia gama de crímenes de guerra y de lesa humanidad en los últimos años en Libia, ha concluido este lunes la Misión Investigadora para ese país, que fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2020 para indagar las violaciones de los derechos humanos cometidas por todas las partes desde principios de 2016.
El mandato de la Misión finaliza el 4 de abril, en un momento en que “la situación de los derechos humanos en Libia se está deteriorando, están surgiendo autoridades estatales paralelas y las reformas legislativas, ejecutivas y del sector de la seguridad necesarias para defender el Estado de Derecho y unificar el país están lejos de realizarse”, de acuerdo con el informe.
Los expertos de la Misión se encontraron con que las fuerzas de seguridad estatales han violado gravemente los derechos humanos de los disidentes y los migrantes más vulnerables, subrayando con alarma la impunidad de estos abusos. Dio cuenta de detenciones arbitrarias, asesinatos, tortura, violaciones, esclavitud y desapariciones forzadas como prácticas generalizadas en el país norafricano. A la lista se añadió también la esclavitud sexual contra personas migrantes.
Es por ello que la Misión instó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) a crear otro mecanismo “con un mandato continuo para monitorear e informar las violaciones graves de derechos humanos en Libia”, con lo cual será necesario establecer un “mecanismo de investigación internacional independiente y con recursos suficientes”.
Asimismo se hace un exhorto a la comunidad internacional a cesar todo apoyo directo e indirecto a los actores libios involucrados en crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos de los migrantes, y adelantó que entregará sus hallazgos a la Corte Penal Internacional, incluida una lista de “posibles perpetradores” de crímenes internacionales.
El presidente de la Misión, Mohamed Auajjar, instó a las autoridades libias a elaborar un plan de acción de derechos humanos y una hoja de ruta integral y centrada en las víctimas, y pidió justicia transicional y rendición de cuentas de todos los responsables de violaciones de derechos humanos.
Desde que fuera derrocado Muamar el Gadafi en 2011, Libia vive un conflicto armado al encontrarse dividido entre administraciones rivales y milicias enfrentadas: por un lado un gobierno de acuerdo nacional reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en la capital, Trípoli; y, del otro lado, el Ejército Nacional Libio del general Khalifa Haftar, que domina el este y el sur del país petrolero.
El factor migratorio, grave
Más de 670 mil migrantes de más de 41 países se encuentran en Libia de julio de 2022 a la fecha. Las entrevistas con más de un centenar de ellos arrojaron pruebas abrumadoras de tortura sistemática y esclavitud sexual, entre otras violaciones, según se recoge en el informe.
Los migrantes se detienen como esclavos -bajo el control real o nominal de las autoridades-, en oficinas gubernamentales que incluyen la Dirección de Lucha contra la Migración Ilegal y la Guardia Costera de Libia. Ello se debe a lo lucrativo que resulta la explotación a gran escala de migrantes y, agregaron los expertos que el tráfico, la esclavitud, el trabajo forzoso, el encarcelamiento, la extorsión y el contrabando “generaron ingresos significativos para individuos, grupos e instituciones del Estado”.
No sólo se hacen del dinero, sino que también los atropellos perpetrados contra las personas detenidas, son responsabilidad de las autoridades estatales y sus líderes. Las víctimas proceden de todos los segmentos de la sociedad libia e incluyen niños, hombres y mujeres, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, representantes de la sociedad civil, miembros de las fuerzas militares o de seguridad, profesionales del derecho e integrantes de la comunidad LGBT+.
El informe asienta que la mayoría de los entrevistados estuvieron recluidos sin cargos y fueron sometidas regularmente a tortura, confinamiento solitario e incomunicación, sin acceso a agua, alimentos y otros bienes esenciales.
En un contexto de debilitamiento de las instituciones del Estado y un poder creciente de los grupos armados, la situación de las mujeres ha empeorado en los últimos tres años en Libia, según los expertos, ya que la discriminación sistemática, el aumento de la violencia doméstica -que no está castigada por ninguna ley-, y la falta de rendición de cuentas por los crímenes contra destacadas lideresas, es una constante.
