Se cambiará la forma en la que se llevan a cabo los procesos judiciales y protegerá al medio ambiente, detalla la senadora
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la propuesta de Ley para la Reglamentación del Expediente Judicial sentará un precedente, pues contribuirá al acceso efectivo a la justicia, reducirá tiempos y abonará al respeto del derecho a un medio ambiente sano.
Durante la serie de Diálogos Parlamentarios sobre la “Ley para la reglamentación del Expediente Judicial”, la senadora afirmó que su iniciativa es de gran relevancia, ya que cambiará la forma en la que se llevan a cabo los procesos judiciales y protegerá al medio ambiente, el cual se ve amenazado por el uso excesivo del papel.
Esta iniciativa marca un “antes y un después”, subrayó, pues la administración y la impartición de justicia aún se mantienen vinculadas al papel, por lo que el uso de medios electrónicos permitirá mejorar la prestación de estos servicios, reducirá los costos y ayudará en la batalla contra el cambio climático.
El proyecto, detalló, impulsará un uso más intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) en los órganos del Estado, particularmente en los de impartición de justicia, ya que algunas entidades federativas no han tenido avances en la transición hacia los juicios en línea.
Sánchez Cordero destacó que, entre las ventajas de los juicios en línea, está la optimización de los tiempos de los procesos; la sustitución de libros de gobierno físicos por plataformas digitales; encontrar la información de forma inmediata y ágil; así como la visualización del desempeño de los órganos jurisdiccionales.
Asimismo, informó la legisladora, se proponen visitas administrativas virtuales; módulos de consulta y apoyo gratuito; mientras que las personas en situación de vulnerabilidad podrán ejercer su derecho al acceso efectivo a la justicia electrónica.
La senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, indicó que el gobierno actual trajo consigo una nueva visión de la política de Estado, en la que se busca acercar la justicia a toda la ciudadanía de manera pronta y expedita, la cual, dijo, fue por muchos años un privilegio para unos cuantos.
Para ello, subrayó la integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la propuesta es indispensable; sin embargo, se requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad, ya que es un reto grande y el tiempo es limitado.
Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, aseguró que la justicia digital abona al combate al cambio climático, además de que ayuda a ahorrar recursos materiales y humanos, reducir tiempos en trámites y contribuir al acceso a la justicia.
Con la digitalización de estos procesos, indicó el magistrado, los poderes judiciales consolidarán la justicia social. En ese sentido, coincidió en que este ordenamiento marcará un hito en la aplicación de la justicia en México, pues integrará en nuestro marco jurídico el espíritu de servicio a la comunidad y el respeto al medio ambiente.
La presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez, afirmó que comparte los propósitos de la propuesta para crear un sistema de justicia digital. En ese sentido, reconoció que el marco normativo actual es insuficiente para realizar juicios en línea; sin embargo, pidió que sean optativos para ayudar a las personas que no tienen acceso a estas tecnologías.
A su vez, María del Mar Salafranca, magistrada del Tribunal Unitario Agrario 9, dijo que la iniciativa es importante, pues en el mundo se usan 115 mil millones de hojas de papel al año en trabajo de oficinas, lo cual impacta negativamente en el medio ambiente.
Carla Gómez MacFarland, del Instituto Belisario Domínguez, agregó que implementar las tecnologías de la información y la comunicación en la impartición de justicia es un gran paso hacia la digitalización de diversos ámbitos de la vida cotidiana de las personas. Por ello, enfatizó, se debe cerrar la brecha digital, pues no todos tienen el acceso a estas herramientas.
Amada María Arley, especialista en justicia digital del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, consideró que no basta con reformas de ley, sino que se debe construir un sistema de justicia digital.
Además, agregó que es primordial considerar las necesidades de las y los operadores de justicia, así como de abogados y justiciables, para tener un modelo integral.
