Es fundamental fortalecer ámbitos ministeriales, de impartición de justicia y judiciales a nivel local, aseguró Sánchez Cordero
Ante senadoras y senadores de la República, la Organización World Justice Project presentó el Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, el cual hace un análisis de las 32 entidades federativas en esta materia, desde una perspectiva ciudadana.
La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, aseguró que sólo con el fortalecimiento de los ministerios públicos locales, así como de las instituciones de impartición de justicia y judiciales, es como se logrará atender el reclamo de la ciudadanía para fortalecer el Estado de Derecho.
Durante la presentación de dicho informe, en la Antigua Sede del Senado, la legisladora refirió que presentó dos iniciativas con el objetivo de fortalecer la autonomía de los poderes judiciales y de las fiscalías locales.
Precisó que una de las propuestas pretende mejorar y homologar los procedimientos mínimos para el nombramiento y remoción de las personas titulares de las fiscalías, los periodos, los mecanismos de ratificación y la base constitucional; así como para propiciar que se busque su autonomía presupuestal y la profesionalización en la carrera ministerial.
Desde la Constitución Política, indicó, se hará énfasis en la necesidad de fortalecer áreas como los servicios periciales y forenses.
En cuanto a la iniciativa que plantea impulsar la autonomía de los poderes judiciales, dijo que está encaminada a garantizar condiciones de seguridad para que los jueces y los magistrados locales no sean sometidos a presiones externas o incluso a las internas.
También busca, argumentó, establecer la carrera judicial, como un estándar mínimo para definir una base para acceder al cargo de magistrado o de jueces; y la necesidad de un concurso de oposición en el proceso de designación.
Por otro lado, destacó que, en los últimos tres años, los esfuerzos del Estado Mexicano lograron bajas importantes en 16 de los 18 delitos de alto impacto a nivel federal.
Subrayó que, de ocho mil 199 carpetas de investigación mensuales, en 2019, pasaron a cinco mil 693, en todo en el fuero federal, lo que equivale a una reducción de 20 mil 759 expedientes menos.
En cuanto a homicidios dolosos, indicó que, de enero a junio se redujeron de 17 mil 772 en 2018, a 16 mil 972 en 2021.
La explicación de este descenso, expresó, está tanto en los esfuerzos del Gobierno de la República, como en los cambios legislativos aprobados por mayoría, incluidos los votos de partidos de oposición.
En su oportunidad, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, dijo que desde el gobierno se está respondiendo a las necesidades de la población, a través de “una fórmula peligrosa” que es la militarización como una forma de gestión pública.
Ello, indicó, genera una erosión de la capacidad civil y, al paso que vamos, parece que la herencia que se dejará para el final de sexenio, “es la de un narco estado militarizado y autoritario”.
Destacó que el informe es uno de los más robustos y presenta una las metodologías más sistemáticas y mejor armadas, para poder analizar lo que pasa en los estados del país, respecto del Estado de Derecho.
Al presentar el informe, el director de Proyectos de World Justice Project, Alejandro González Arreola, señaló que el Estado de Derecho en México, medido desde las entidades federativas “es precario y se encuentra estancado”.
Ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto del análisis llega al 0.5, en escala del cero al uno, argumentó. El promedio de los estados del país es del 0.41, lo cual establece el tamaño de la brecha al que se quiere aspirar, es decir, se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea.
Refirió que, de todas las mediciones, 14 entidades retrocedieron en su puntuación, 12 se mantuvieron y seis lo incrementaron, respecto con el año pasado.
Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Querétaro con 0.49, Yucatán 0.47 y Guanajuato 0.46. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo 0.36, Morelos 0.35, y Guerrero 0.34.
Los factores que explican estas condiciones son los pesos y contrapesos que se han debilitado a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil, para cumplir con sus responsabilidades; y el estancamiento de los estados para controlar la corrupción.
La senadora Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, dijo que desde el Poder Legislativo es necesario que se ocupen las herramientas que tiene a su alcance para que el Congreso mexicano sea un contrapeso del Ejecutivo, “porque hoy no lo es y no hay límites al poder, no hay transparencia y no hay justicia”.
Para que haya un Estado de Derecho en México, es necesario proteger las instituciones y los contrapesos, porque, sin ello, en lugar de avanzar sólo se retrocederá y este análisis hace una muestra de eso, una evaluación de “la terrible realidad de México”.
En su oportunidad, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, dijo que en los resultados de este estudio demuestran que hay muy poco que celebrar, porque el informe refleja que prácticamente todos los estados, en todas las materias, “están prácticamente reprobados”.
Por lo que consideró que, lejos de arrojar una lectura optimista, “me hace pensar en los grandes retos que tiene el Poder Legislativo para tratar de corregir y enmendar las cosas”, por lo cual, dijo, valdría la pena construir una agenda muy robusta, que permita atender esta situación.
En tanto, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, consideró que el Índice permite conocer de forma crítica la situación de México y hacer una introspección para poder salir adelante. Es importante que este material se distribuya en las escuelas de derecho, para que las y los futuros abogados conozcan la trascendencia y el compromiso de restablecer el Estado de Derecho.
Sugirió incluir una encuesta juvenil para conocer la percepción de este sector poblacional sobre la materia, además de agregar un mapa de las pandillas juveniles que actualmente hay el país.
Alejandro Ponce, director global de Investigación de World Justice Project, explicó que este índice es una de las principales referencias de análisis de políticas en materia de Estado de Derecho que se impulsan en el país.
Representa el esfuerzo de un equipo multidisciplinario y las voces de más de 12 mil 800 ciudadanos en México. Sus puntajes, agregó, utilizaron más de 600 variables y detrás de ellas hay un análisis académico para verificar y validar los datos.
