Con la finalidad de apoyar la economía familiar y ampliar la deducibilidad de los gastos por servicios educativos, el senador del PAN, Roberto Juan Moya Clemente, solicitó que el Ejecutivo Federal actualice, con base en la inflación, los límites que pueden deducir los contribuyentes respecto a los servicios de enseñanza.
A través de un punto de acuerdo, turnado a la comisión de Hacienda y Crédito Público, el legislador pidió que se ajuste el “Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013.
Con ello, el legislador busca que los gastos relacionados con el nivel superior (Universidad) sean deducibles; y que del concepto de “colegiatura” se autorice la deducibilidad de los gastos de inscripción o reinscripción, materias extracurriculares, actividades deportivas o culturales, uniformes, cuotas de materiales, libros y antologías.
De la misma manera, propuso ampliar la deducción de gastos escolares hasta el tercer grado de parentesco y garantizar que la plataforma del Sistema de Administración Tributaria diferencie el pago de los gastos personales, establecidos en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a los educativos vinculados al Decreto de 2013.
Lo anterior, con el objeto de que se contabilicen en forma separada y que ello permita al contribuyente elevar su bienestar y como apoyo a la economía familiar.
Moya Clemente hizo énfasis en que, en estos momentos posteriores a la pandemia, las familias enfrentan un reto para cubrir sus necesidades primarias, toda vez que, en muchos hogares del país, se hacen esfuerzos extraordinarios para apoyar e impulsar la educación de sus hijos y, con sacrificios, los padres de familia cubren los gastos privados, cuando la educación pública no satisface las necesidades y exigencias que demandan los tiempos modernos.
Recordó un informe de la Secretaría de Educación, realizado a mediados del 2021, en el que apuntó que al menos un millón de alumnos de todos los niveles educativos en México desertaron durante la pandemia, sobre todo, de escuelas privadas de nivel bachillerato y universidad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, refirió el senador, estimó que por motivos asociados a la Covid-19, por falta de dinero o recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas al ciclo escolar 2020-2021.
Moya Clemente dio a conocer datos de un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, presentado en octubre de 2021, que señalan que México ocupa el primer sitio en menores huérfanos en el Continente Americano como consecuencia de la pandemia, y se estima que más de 131 mil niñas y niños habían perdido a su padre, madre o a ambos.
En ese sentido, el legislador consideró importante visibilizar la tragedia y que “seamos empáticos con el desamparo que muchas familias están sufriendo a causa del fallecimiento de los responsables económicos de la educación de miles de niñas, niños y jóvenes”.
