La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el esquema de justicia restaurativa promovido por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina en el caso del desplome de una trabe del viaducto elevado de la línea 12, que dejó saldo de 26 personas muertas y 103 lesionadas, accidente del que hoy se cumple un año.
“Nunca habrá una reparación de una vida perdida. ¡Jamás!”, expresó la titular del Ejecutivo local, quien subrayó que el sistema penal establece la posibilidad de que haya indemnizaciones para las víctimas del delito y evitar procesos legales que pueden llevar años en resolverse.
Al rendir un informe sobre la atención que se ha dado a las familias de las víctimas y de los avances en la rehabilitación de la llamada línea dorada, destacó que 91 por ciento de los afectados han aceptado el acuerdo reparatorio con las empresas involucradas en la construcción de la línea.
“Sí es justicia, una justicia donde no hay personas en la cárcel, no hay un proceso de amparos, que puede llevar años y años”, sino por el contrario, se establece un acuerdo de reparación del daño, si la víctima está de acuerdo, expresó Sheinbaum Pardo.
Subrayó que se trata de un proceso totalmente transparente y que a diferencia de otros casos, en los que los funcionarios no dan la cara, en lo que a ella respecta puede ver a los ojos a las víctimas, tan es así que el domingo se reunió con varias de ellas.
En ese tenor y por separado, la titular de la FGJ local, Ernestina Godoy, señaló que la aplicación de la justicia restaurativa en este caso es histórica, pues en muy poco tiempo se ha logrado la consecución de acuerdos para atender integralmente a las familias de las víctimas.
Insistió en que el colapso en la línea 12 fue originado por “diversos errores en su construcción y el diseño de la línea presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural de la obra a largo plazo”.
Por otra parte, la jefa de Gobierno destacó la cooperación de las constructoras, al señalar que antes de ir a un juicio largo aceptaron asumir el costo de su reforzamiento, el cual supera los mil 500 millones de pesos, y reiteró su compromiso de entregar la línea con mayores niveles de seguridad.
La mandataria no descartó que el tramo subterráneo de la línea 12 sea reabierto antes que el elevado, siempre y cuando se garanticen los estándares de seguridad y se puedan transportar los trenes a los talleres de Tláhuac.
En cuanto al informe final de la empresa DNV de la causa-raíz, explicó que si bien éste sí se entregó, no fue aceptado debido a que no siguió la metodología de los dos anteriores; además, se investiga un probable conflicto de intereses.
Fuente: La Jornada.
