Las organizaciones Reporteros sin Frontera y Propuesta Cívica entregaron a la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Kenia López Rabadán, un análisis de las leyes que impactan de manera negativa en la libertad de prensa en México y que ponen en riesgo legal la actividad profesional de las y los periodistas.
Durante el panel “Libertad de Prensa ¿Cómo se regula en México?”, la senadora Kenia López, aseguró que los principales retos para el estado mexicano, son promover, garantizar y proteger los derechos de todas y todos, lo cual no es fácil ni para el gobierno ni para un partido político.
Estamos, agregó, en un momento crucial en México y el mundo, porque los periodistas están siendo amenazados, violentados y vulnerados en sus derechos y libertades.
“Somos el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, pues cada 14 horas un periodista es agredido, por lo que es urgente un marco legal que mejore las condiciones para su ejercicio, para la libertad de expresión y de pensamiento”, así como para garantizar el derecho a la información, pero, sobre todo, para erradicar la violencia.
Dijo que el documento que recibió la Comisión de Derechos Humanos debe ayudar para fortalecer a las instituciones involucradas en el tema.
En este sentido, llamó a las y los legisladores a modificar la Constitución y las leyes, así como a expedir una nueva ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria agregó que hace unos días el Comité de Desapariciones Forzadas presentó un informe, en el que señala que en los últimos 15 años han desaparecido 30 periodistas, de los que no se sabe qué pasó y cuyos casos han quedado impunes.
La coordinadora de proyectos de Reporteros sin Fronteras, Nube Álvarez Sagahon, destacó que en diciembre pasado se presentó un adelanto de la investigación y que, a tres meses de esto, ocho periodistas han sido asesinados, incluyendo comunicadores con medidas de protección.
Por su parte, la directora ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló que lo que se busca es abrir la puerta del Legislativo, dejar el material para que sea analizado y fortalezca las propuestas que se presenten. “Presentamos iniciativas para reformar cuerpos legales que garanticen la libertad de prensa en el país”, enfatizó.
En materia civil, agregó, nos enfocamos específicamente en la figura del daño moral; en la materia penal identificamos muchos tipos penales que consideramos problemáticos y que pueden exponer a periodistas a procesos de criminalización, ya sea porque tienen redacciones ambiguas o porque no establecen excepciones o no establecen excluyentes cuando se trate de una labor periodística lícita.
Además, se propone adicionar la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho laboral para periodistas, pues la precariedad en el trabajo, la falta de estabilidad en el empleo, los salarios por debajo del mínimo y la falta de Seguridad Social son recurrentes.
También se incluyen por primera vez los derechos laborales de periodistas en México, así como la cláusula de conciencia y la obligación de la defensa legal. Adicionalmente, se plantea reformar la Constitución para reconocer el derecho a defender los derechos humanos y garantizarlo como política de Estado, así como asegurar la suficiencia presupuestaria para los organismos encargados de esta protección.
Además, crear una ley general que mejore la coordinación entre la Federación, Entidades federativas y municipios en materia de prevención y protección, así como un mecanismo de carácter nacional, pero de regulación exclusiva de la Federación.
Adela Navarro, periodista y directora general del Semanario Zeta, de Tijuana, señalo que México, aun cuando no hay ningún conflicto bélico, es el país con mayor riesgo para el ejercicio periodístico.
La cifra oficial, de la Subsecretaría de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indica que, en los últimos tres años, 57 periodistas han sido asesinados.
En el mundo, agregó, “los gobiernos populistas amenazan la libertad de expresión, y en México, los periodistas y los medios de comunicación somos constantemente atacados por los gobiernos, amenazados por el crimen organizado, por el narcotráfico y por estados autoritarios.
Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador Ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sostuvo que la ausencia de cooperación y coordinación de los demás órdenes de Gobierno, es insostenible. Es obligación del Estado generar una Ley General que brinde más fortaleza, acotó.
