La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, afirmó que fortalecer la autonomía e independencia de todos los poderes judiciales locales, es uno de los principales retos para la impartición de justicia.
Durante la inauguración del foro “Diálogos Parlamentarios: Digitalización y Autonomía Judicial para la Pacificación Social”, destacó que la confianza ciudadana es el activo más importante de las y los juzgadores.
Esta autonomía e independencia, agregó, “deben sustentarse mediante preceptos desde el ámbito constitucional, y con pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas”; además, dicha normativa tiene que garantizar la seguridad de quienes imparten justicia, así como evitar “intromisiones de otros poderes”.
Recordó que otros desafíos son la necesidad de incorporar nuevas tecnologías en todo el sistema de justicia, por lo que se debe vencer la resistencia al cambio para lograr esa transición, ya que “muchas veces, quienes no somos de esta generación tecnológica, requerimos capacitación reforzada” en esta materia.
Sánchez Cordero consideró impostergable la digitalización, pues se trata de una herramienta para acercar la justicia a la ciudadanía y, con ello, cumplir con la demanda social de hacerla más expedita.
Subrayó que la suficiencia y autonomía presupuestaria deben ser parte de las garantías institucionales que se regulen en la Constitución. Entre otros aspectos, dijo, debemos de considerar esto, “precisamente para no tener los embates de otros poderes, del Ejecutivo local o del mismo Legislativo”.
Sánchez Cordero comentó que impulsó dos iniciativas, una que busca atender la necesidad de evitar injerencias externas en los poderes judiciales locales, y otra que plantea ampliar los alcances de los juicios en línea.
Dijo que también es necesario fortalecer los criterios para acceder y avanzar en la carrera judicial, así como asegurar la estabilidad en el empleo de las personas juzgadoras.
El presidente de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, expresó que una forma para estar a la vanguardia, es que las instituciones adopten soluciones digitales para acercar su labor a las personas.
La justicia digital, dijo el legislador de Morena, significa incorporar el uso de las tecnologías a las formas de gestión del Sistema Judicial, ya sea como apoyo o para administrar sus procesos en línea, sin utilizar papel.
En tanto, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz, secretaria de la Mesa Directiva, destacó la importancia de habilitar espacios controlados, para probar el uso de tecnologías emergentes en diferentes procesos judiciales, a fin de acelerar el proceso de análisis digital de datos abiertos, confiables y accesibles.
A su vez, el magistrado Armando Maitret Hernández destacó que los expedientes electrónicos permitirán dejar de utilizar de forma desmedida el papel; además, “una justicia digital contribuirá a acelerar la impartición de justicia, lo que, sin duda, permitirá construir cada vez más modelos de imparcialidad digital con altos estándares de calidad”.
