El Senado aprobó el proyecto para incorporar a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el concepto de “Gastos y costos relacionados con la contratación de obligaciones y financiamientos”, a fin de excluir aquellos costos asociados con honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.
Las y los senadores respaldaron en lo general, con 67 votos a favor, 36 en contra y una abstención, la minuta que envió la Cámara de Diputados para establecer que los entes públicos sólo podrán destinar hasta 0.15 por ciento, de los recursos que obtengan por financiamiento, para cubrir los gastos relacionados con la contratación.
De este modo, estados y municipios podrán contratar deuda al menor costo financiero, pero también asegurar que estos recursos se destinen en su mayor parte a inversiones públicas productivas, su reestructura o refinanciamiento.
El proyecto adiciona al artículo 2 de este ordenamiento el concepto de “Gastos y costos relacionados con la contratación” del financiamiento que, de manera enunciativa más no limitativa, son: comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, de instrumentos derivados y garantías de pago, sin incluir honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.
El dictamen destaca que las entidades federativas, municipios y entes públicos no sólo deben tomar en consideración la tasa de interés que cobran las instituciones financieras, sino otros costos que son igualmente importantes y que muchas veces no son considerados en las ofertas, tales como intereses ordinarios, comisiones, gastos, amortizaciones, y cualquier otro cargo que deba pagarse al momento de contratar el crédito y durante su vigencia.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, dijo que estas adiciones garantizarán que se contrate deuda y obligaciones al menor costo financiero, pues es necesario limitar el porcentaje máximo que podrán destinar los entes públicos, sobre los financiamientos para cubrir gastos y costos vinculados a celebrar las operaciones crediticias.
No es una decisión arbitraria, dijo, porque se busca evitar que un monto importante del financiamiento se destine a pagar gastos de asesores, comisiones o intereses, que deberían destinarse a la inversión productiva o reestructuración de la deuda.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que el proyecto contribuye a dar mayor certeza al destino y aplicación de los recursos obtenidos mediante la deuda pública local, así como fortalecer la Ley para asegurar el uso responsable de la deuda gubernamental.
En tribuna, la senadora Lucía Meza Guzmán, de Morena, destacó las bondades de las modificaciones legales, pues dijo que permitirán a los gobiernos estatales acabar con los abusos de los gobernadores al contratar deuda; además, se tendrá certeza del destino y aplicación de este dinero.
La senadora Minerva Hernández Ramos, de Acción Nacional, hizo un llamado para impulsar un nuevo pacto fiscal y una urgente Convención Nacional Hacendaria, que permita que cada una de las regiones del país pueda desarrollarse mejor, “porque el sistema de ingresos y gastos de la Federación, estados y municipios demanda una cirugía mayor”.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, destacó que, “aunque se quiera simular que se pondrá un tope a la ratería, esto no funciona”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Austeridad Republicana, y esto que se aprueba hoy, se sumará a esas acciones de inconstitucionalidad que se han promovido, dijo.
De Movimiento Ciudadano, el senador Luis David Ortíz propuso eliminar a “los coyotes” y limitar honorarios por asesoría profesional técnica legal y financiera. Además, dijo que presentará reservas para corregir el dictamen, pues no se logra lo que pretende y no hace lo que plantea la exposición de motivos.
El senador Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, destacó que el objetivo primordial del dictamen es que los gobiernos del ámbito local busquen las mejores condiciones de mercado en la contratación de los financiamientos y obligaciones.
El senador del Grupo Plural, Gustavo Madero Muñoz, fijó su postura en contra del dictamen, al argumentar que estas reformas representarán un obstáculo para los estados y municipios que pretendan refinanciar su deuda, además de que invade las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En lo particular, el Pleno rechazó las reservas que presentaron la senadora Nubia Mayorga Delgado, del PRI, y el senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, para modificar los artículos 2 y 22, por lo que estas disposiciones fueron aprobadas en los términos del dictamen, con 62 votos a favor y 36 en contra.
El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
