Ante el riesgo que representa ejercer la función como presidentes municipales en Michoacán, el senador Antonio García Conejo presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a las autoridades federales y al gobierno del estado, a otorgarles a los alcaldes de esta entidad, de forma urgente, protección para garantizar su seguridad.
El legislador del PRD advirtió que, en 2021, se registró en Michoacán el segundo proceso electoral más violento del país, por lo que enfatizó en la importancia de actuar para evitar que continúen los homicidios.
Consideró que es evidente que la Estrategia de Seguridad que implementa el gobierno actual no funciona, por lo que pidió analizar y replantearla, a fin de evitar que se presenten más homicidios de alcaldes en todo el país, porque se encuentran en estado de vulnerabilidad.
De acuerdo con el reporte de Indicador de Violencia Política en México, de Etellekt Consultores, se registraron 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales, de las cuales 12 eran mujeres y 282 pertenecían a partidos opositores a los gobiernos estatales.
Asimismo, destacó que el 75 por ciento de los 79 políticos que perdieron la vida en atentados, eran opositores a los gobernadores de los estados.
Hizo un comparativo de los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, donde en el primero se registraron 16 homicidios dolosos en contra de alcaldes, en el segundo 13 y en el tercero hubo nueve.
García Conejo refirió que sólo en lo que va de este año fueron asesinados cuatro presidentes municipales: Enrique Velasco Orozco, de Michoacán; Jorge Luis Tello García, ex alcalde de Jalisco; Benjamín López Palacios, de Morelos, y César Arturo Valencia Caballero, de Michoacán.
“No debemos permitir más asesinatos y que los delincuentes pongan a las autoridades a modo”, porque le están pegando a la vida democrática de la nación.
La violencia e inseguridad generada con motivo de un proceso electoral, representa no sólo un atentado a la democracia, sino que compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas, afirmó.
El senador solicitó que se punto de acuerdo se tramitara de obvia y urgente resolución, pero, en votación económica, la Asamblea rechazó dicha petición, por lo que la propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública
