El Pleno del Senado solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que realicen acciones para evitar el incremento de precios en pruebas de laboratorio, servicios hospitalarios, medicamentos e insumos para diagnóstico y atención del virus SARS-CoV-2.
Además, en otro resolutivo que se aprobó sin discusión en la sesión del pasado 23 de marzo, las y los senadores exhortaron a las secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para que habiliten, implementen y promocionen la herramienta digital denominada “Permiso Covid-19”.
El dictamen, que se aprobó sin discusión, establece que, ante el abuso de prestadores de servicios hospitalarios, es esencial que las familias conozcan las tarifas y honorarios médicos para que decidan contratar, o no, los servicios de los hospitales privados.
Además, indica que se requiere que los precios de los insumos se encuentren visibles, a fin de detener la especulación comercial y los altos costos de productos que se utilizan para diagnosticar y atender esta enfermedad, como mascarillas, cubrebocas, oxímetros, tanques de oxígeno, medicamentos y atención hospitalaria privada.
El documento también destaca que el hecho de que los consumidores no tengan acceso a información fundamental, como las tarifas de los servicios médicos requeridos para atender dicho padecimiento, así como el monto global y su desglose, tiene un impacto altamente negativo en los derechos de los consumidores.
Las y los senadores enfatizaron que estas prácticas son sumamente nocivas para la economía familiar pues, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ingreso promedio de las familias en México es inferior a los 200 mil pesos al año.
Lo que significa que pagar atención en un hospital privado podría consumir los ingresos de dos años; sin embargo, aclara que, en el caso de una hospitalización privada con intubación, una familia consumiría el equivalente a sus ingresos de 15 años.
Además, subrayaron que, a partir de marzo de 2020, como una medida para detener cadenas de contagio, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro social autorizó el trámite de solicitud y expedición vía remota del “Permiso Covid-19”, el cual es homologable a una incapacidad temporal para el trabajo.
Este instrumento ha permitido que las personas trabajadoras puedan tramitar su incapacidad vía Internet sin necesidad de trasladarse a una clínica para su expedición.
El dictamen indica que de marzo de 2020 a diciembre de 2021 se expidieron casi 200 mil permisos, empero, como respuesta a la elevada tasa de contagios presentada a inicios de este año 2022, el IMSS relanzó esta herramienta virtual para disminuir los contagios.
Por ello, las y los senadores pidieron a los titulares del Trabajo y de Salud a realizar campañas de concientización y sensibilización, para que los empleadores respeten los derechos de las personas trabajadoras y, en caso de contagio, se les otorguen las facilidades necesarias para evitar su presencia en los centros de trabajo.
